Celeste Magalí González Guerrero, que enfrenta una posible prisión perpetua, decidió confesar ante el fiscal Adrián Arribas para aliviar su situación en una jugada sin precedentes en el caso. El enigma para los investigadores federales.
Tras pasar varios días presa en un penal provincial, Celeste Magalí González Guerrero, detenida por el triple femicidio narco de Florencia Varela, acusada de proveer la casa donde ocurrieron los crímenes, decidió hablar para calmar a la Justicia y, tal vez, aliviar su situación. Su abogado defensor planteó la idea a comienzos de esta semana ante el fiscal del caso, Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, que investiga el expediente con su colega Lorena Pecorelli. Interesado, Arribas aceptó.
La apuesta de delatar a narcos capaces de cortarle los cinco dedos de una mano a una quinceañera para luego asesinarla a puñaladas podía salirle sumamente mal: la ley nacional del arrepentido, que atraviesa, por ejemplo, el caso de los Cuadernos de las Coimas, no opera en la provincia de Buenos Aires.
Que le bajen la pena por delatar dependerá, en todo caso, del humor del tribunal que la juzgue.
Así, Celeste cantó. Su testimonio puso patas para arriba a la narrativa pública. Aseguró que “Pequeño J” no era el capo de la banda que, supuestamente, mató a Brenda, Lara y Morena, sino que respondía al ex verdulero Víctor Sotacuro Lázaro, vecino de la Villa 1-11-14.
Según la declaración a la que accedió Infobae, aseguró que el motivo del triple femicidio fue un robo de droga: Brenda, Morena y Lara “le robaron 30 kilos de cocaína al ‘Duro’”, el apodo de Sotacuro.
Introdujo, también, a un nuevo presunto killer, David Morales Huamani, “El Loco” David. Detalló quiénes estaban en la escena del triple femicidio y la estructura de la banda narco, con base en el Bajo Flores.
Le pregunto a un funcionario clave del caso:
—¿Cuán creíble es su testimonio? De uno a diez.
—Ocho. Muy creíble.
En todo caso, Celeste Magalí no tenía nada que perder al hablar. Su imputación era la misma que la de Tony Valverde, alias “Pequeño J”, preso en Perú, y de su ladero, Matías Ozorio, un ex trabajador gastronómico de la zona de Barracas que pasó de tener 10 empleos en blanco en su vida a ser un supuesto asistente de dealer: homicidio agravado por premeditación, alevosía, ensañamiento y violencia de género. Ya sin la violencia de género, la pena es prisión perpetua.
Hay tramos que parecen excesivos en su relato. Aseguró, por ejemplo, que Miguel Villanueva, su pareja, habría matado gratis a las chicas, pero que “Pequeño J” cobró “un millón de dólares” por coordinar la mayor atrocidad del hampa en la historia reciente.
Un kilo de cocaína, al costo, puede valer en Bolivia unos tres mil dólares. Una venganza por el supuesto robo de 30 kilos no podría valer tanto.
La aparición de “El Loco” David, peruano, de 36 años, ex beneficiario de un plan social para acceder a una garrafa, con un domicilio en el Barrio Illia del Bajo Flores, una tercera línea de la banda que habría estado presente en La Matanza, disparó una ola de allanamientos en la Villa 1-11-14 en busca de nuevas pistas y de los teléfonos de las víctimas.
Son embargo, lo más interesante de todo lo que dijo, precisamente, está en la estructura de la banda misma.
Celeste habló, por ejemplo, de “tíos” y “abuelos”, autoridades superiores en la estructura, los mayoristas de la droga en Perú y los encargados de contrabandearla al país, con Sotacuro como enlace.
Lo que dijo, en todo caso, está a tonos con los tiempos. Valida la teoría de este cronista, publicada la semana pasada en este medio, avalada por fuentes en la Justicia federal, que apunta a un cambio en las estructuras de poder en las bandas narco peruanas que operan hace más de 25 años en las villas porteñas.
¿Qué está pasando? Ser el capo total ya no rinde: “Dumbo” Martínez, el último en su especie, fue condenado a 32 años de prisión la semana pasada. Ahora, se trata de, precisamente, estos nuevos mayoristas, como José García Nazario, buscado por los 359 kilos de droga ocultos en una avioneta que aterrizó en enero de este año en Entre Ríos.
El fiscal Arribas pidió asistencia a la PROCUNAR para identificar a la banda. Así, el área de la Procuración que investiga delitos de narcotráfico activó sus redes nacionales, su archivo de causas y sus vías de inteligencia. Paradójicamente, ningún detenido del caso tiene una historia registrada en el negocio de la droga.
“Sotacuro, tal vez. Se habla de él como remisero en el Bajo Flores, de ciertos vínculos, pero no mucho más que eso”, asegura otra fuente crucial ligada al expediente. “El Loco David”, según comprobó este medio, no cuenta con condenas, menciones en fallos o ingresos en la Justicia contravencional porteña, la federal porteña y la federal provincial, otro sospechoso con prontuario a estrenar.
Celeste también es un enigma mismo. Oriunda de Florencio Varela, años atrás se había registrado como productora de verduras en la ex AFIP. Los investigadores del triple crimen creen que una situación de consumo de droga la llevó hacia la banda del Bajo Flores.
