Dos empresarios retomaron el desmonte en catastros de Sauzalito o Saucelito. Esta deforestación fue autorizada mereced a una cuestionada recategorización del bosque. En 2014 una ong advirtió sobre el daño que estas acciones pueden provocar en el lugar.
Dos empresarios se aprestan a terminar un cuestionado desmonte en matrículas distantes unos 500 metros de Sauzalito o Saucelito, pequeño pueblo ubicado a unos 12 kilómetros de Colonia Santa Rosa sobre la ruta provincial 14, municipio del departamento Orán.
Con esto, y como se ve en la imagen satelital que ilustra esta nota, la población quedará entrampada por los desmontes.
El permiso para el desmonte de las matrículas 27.997 y 27.998 fue dado en 2014 con recategorizaciones del bosque durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey.
Los pedidos de permiso de desmonte son de los empresarios José Luis y Ricardo Oscar Martín. En aquel entonces, la solicitud era sobre no más de 300 hectáreas en cada catastro.
Por la norma que regía por ese momento sortearon la audiencia pública (que se hacía solo si el desmonte era de 300 hectáreas o más). Ello pese a que, a través de un cuestionado decreto que luego tuvo que ser dado de baja, se dispuso además que las tierras que estaban en amarillo y rojo (por donde no debían pasar las topadoras según lo establecido por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos – OTBN), pasen a ser consideradas verdes y sean susceptibles también de ser desmontadas.
En 2014 se hizo el desmonte en una de estas matrículas casi en su totalidad. Ya en aquel momento los habitantes de Saucelito reclamaron por lo que consideraron un daño irreversible al ambiente y a su propia subsistencia.
Los trabajos se detuvieron. En parte eso sucedió porque en 2018 y ante una resolución del Ministerio de Ambiente de la Nación, la provincia tuvo que admitir la ilegalidad de los decretos que permitían las recategorizaciones y frenar los desmontes.
Esta suspensión duró hasta 2019. Antes de irse, Urtubey dejó firmada una suerte de acta acuerdo en la cual se respetaba todo lo actuado por los decretos que permitían la recategorización. Para entonces, y según surge del decreto 210/19, la Finca Sauzalito y El Tipal había desmontado las casi 300 hectáreas del catastro 27.997. Pero aún faltaba la misma cantidad sobre el catastro 27.998.
A fines de diciembre del año pasado, 10 años después de la autorización cuya legalidad logró sostenerse, las topadoras volvieron. Los vecinos lograron frenar el proceso luego de que la Secretaría de Ambiente admitiera que se violó el régimen de cortinas forestales. La sanción se hizo efectiva y la multa se pagó.
El sábado último las topadoras volvieron al lugar para voltear parte del poco monte que queda. Las familias están preocupadas porque a menos de un kilómetro del desmonte está la ribera del río San Francisco que “en tres años ya se comió como tres kilómetros”, dijo a Salta/12 Rolando Ortiz, que, como su madre, que tiene 70 años, es nacido y criado en Saucelito.
Temen que con la continua erosión del río queden cada vez con menos espacio para la cría de animales e incluso con menos tierra en sus puestos.
Hasta ayer, el desmonte se volvió a frenar porque la topadora arrancó el alambrado de un puestero.
Aunque en Ambiente admitieron que el desmonte fue autorizado hace 11 años, recordaron que, durante la gestión de 2014, a cargo de Gustavo Paul, los permisos que se otorgaban “no tenían vencimiento”, como sí sucede ahora.
Devastación anunciada
Frente a la autorización de desmonte, en agosto de 2014 la Fundación Refugio elevó a Ambiente un informe tras a Saucelito.
Entre muchas otras observaciones, el informe indicaba que el fundamento del proponente del desmonte sobre la inexistencia de conflicto de límites entre la actividad autorizada y la localización del pueblo “es un error flagrante”.
“El hecho de que no se superpongan las matrículas del predio sujeto a desmonte y la matrícula en la cual se ubica el pueblo de Saucelito no implica la ausencia de conflicto”, sostenía la Fundación en el escrito, al que accedió Salta/12.
Asimismo alertaba que Saucelito “pasará de ser un pueblo ubicado en el centro en remanente de bosque, con una economía ligada al uso de los recursos naturales y al pastoreo de animales, a un poblado aislado en el medio de un monocultivo, con sus opciones de subsistencia reducidas”.
Añadía también que “la erosión hídrica del Río San Francisco sobre el sector este de la propiedad es severa. Considerando que a través de los años el río ha avanzado más de 2.000 metros sobre la propiedad es probable que este proceso siga y que por ende se reducirá la superficie designada en rojo (que actualmente es de unos 700 metros)”.
En cuanto a las consecuencias, el informe indicaba que se habían registrado muertes inexplicables de cabras posteriores al desmonte inicial. Pérdida de espacios de pastoreo de animales de granja (cabras), generando una caída en la capacidad de producción local. Pérdida de acceso a sitios para uso de recursos naturales. Pérdida de acceso a sitios usados para leña. Incremento de la vulnerabilidad económica de una población ya sumergida en la pobreza.
Como se indicó más arriba, las observaciones se hacían respecto del desmonte en la matrícula 27.997. Pero, indicaba la Fundación, que todo iba a agravarse ante la tramitación del proyecto y recategorización de tierras de la matrícula 27.998, colindante al anterior desmonte. Esta es la matrícula que señala la superficie que se prevé terminar de desmontar.
“Esta práctica esconde el impacto acumulativo y sinérgico generado por los dos proyectos. Esto es un gravísimo error, pues impide un análisis real de los efectos e impactos que surgen de la combinación de los dos proyectos sobre la población de Saucelito que se ubica entre ambos”, advertía el informe.
Pese a estas advertencias, según la información recabada por este diario en el área de Ambiente, no hay acción alguna para detener el desmonte y por el contrario la autorización para desmontar continúa vigente.
