El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza, pero aún debe ser promulgada por la Municipalidad vallista.
El Concejo Deliberante de Cafayate (ciudad cabecera del departamento del mismo nombre) aprobó una ordenanza con la cual se busca, entre otros propósitos, frenar una audiencia pública prevista para el viernes 12 de septiembre con el fin de autorizar un nuevo desarrollo inmobiliario privado.
“Estamos en una situación de emergencia por los servicios públicos por falta de agua y cloacas colapsadas”, explicó a Salta/12 el presidente de la Comisión de Legislación de ese cuerpo deliberativo, Gabriel Meisner.
Se supo que vecinos de la llamada “Banda de Arriba” de Cafayate se habían quejado por la posible concreción del desarrollo inmobiliario privado La Arenosa, que según la convocatoria a audiencia pública registrada en el Boletín Oficial del 18 de agosto pasado, fue presentado por la empresa Altu Palka SRL.
Meisner explicó que el problema radica en que se desviaría el desagüe natural que pasa por la zona y es parte del Río Seco, lo cual afectaría las poblaciones que habitan aguas abajo. A ello sumó que no hay agua potable, y mientras se busca poner biodigestores en ese desarrollo, en la Banda de Arriba no hay agua, las calles están en mal estado, y un emprendimiento como el que se pretende podría “llegar a empeorar la situación de los vecinos”.
Otra irregularidad que señaló el concejal es que quien firmó los trámites administrativos es el sindicado secretario de Obras Públicas de la Municipalidad cafayateña, Wilton Guzmán. Pero “está designado como personal contratado externo”. Esto es, tiene un contrato de locación y no la designación oficial pertinente que lo habilite a firmar documentos oficiales.
Sumó el hecho de que pese a que quedan diez días para la audiencia pública, la Municipalidad no envió todavía el expediente completo. Esta falta de información les impide analizar con mayor rigor las posibles consecuencias de la nueva urbanización.
Meisner añadió que además persiste la emergencia en servicios públicos, solicitada en su momento por la misma Municipalidad, y ahora se pide la promulgación de una nueva ordenanza que suspende la totalidad de permisos de construcción hasta que se emita el Código Ambiental de la ciudad de Cafayate, se defina la ampliación del ejido urbano, se haga una zonificación y se reforme la Secretaría de Obras Privadas.
“La Municipalidad está muy a favor del sector privado”, manifestó el concejal al indicar que hubo loteos que se autorizaron y otros no, con criterio que, a su entender, fueron “arbitrarios”.
Indicó que si bien el sector privado “acompaña las obras, no lo hace con el pago de impuestos ni planificación urbanística”. Se trata de tierras codiciadas porque esta ciudad vallista es conocida turísticamente a nivel mundial y cuenta con desarrollos inmobiliarios que se erigieron sin analizar las consecuencias. “Entonces terminamos dividiendo a Cafayate en dos, con un lado A en el que están estos desarrollos, y el B que es el que paga las consecuencias”, sostuvo el edil.
Meisner, de extracción radical y que ingresó de la mano de la intendenta Rita Guevara, sostuvo que se alejó por las diferencias que afloraron en estos y otros términos respecto a los puntos de vista sobre la obra pública.
