Se trata de Alejandro Maraniello, del fuero civil y comercial. El magistrado falló a favor del Gobierno. Deberá defenderse en el Consejo de la Magistratura.
El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, responsable de la prohibición sobre la difusión de supuestos audios vinculados a Karina Milei, enfrenta actualmente nueve denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado. La notificación de los cargos a Maraniello ocurrió la semana pasada y cuenta con un plazo legal de veinte días para ejercer su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.
La dimensión de las acusaciones contra Maraniello llevó a la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) a solicitar desde septiembre de 2024 la presencia policial dentro del Juzgado para preservar la integridad física y psíquica de los empleados. La organización sindical celebró entonces “haber logrado la consigna policial en el horario laboral” y remarcó que el juez fue notificado conforme al artículo 11 del reglamento de la Comisión de Disciplina, encabezada por el abogado César Grau.
Los expedientes contra Maraniello abarcan desde abuso de poder hasta uso indebido de recursos públicos. Una de las denunciantes declaró haber sido abordada por el juez a menos de una semana de iniciar sus tareas en el organismo. La empleada argumentó que asistió a un encuentro con el magistrado fuera del horario laboral por temor a perder su empleo, y relató haber sido sometida a tocamientos y besos no consentidos. Señaló además que se vio obligada a mantener relaciones sexuales solo para terminar con la situación.
Otra empleada denunció haber recibido mensajes a través de redes sociales por parte de Maraniello, sumados a observaciones reiteradas sobre su vestimenta y maltrato laboral tras rechazar pedidos personales. Informó que los episodios incluyeron acercamientos físicos no deseados y comentarios persistentes fuera de lugar. Según pudo saber Infobae, la víctima comunicó que necesitó medicación para soportar el contexto laboral, mencionó episodios de depresión y pensamientos suicidas, y finalmente formalizó la denuncia ante la Unidad de Bienestar Laboral.
En estos casos, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres intervino para tomar declaración, aunque la denunciante aclaró que no pretendía instar acción penal. Según la fiscal Mariana Labozzetta, el hecho podría revestir delitos públicos debido a la condición de funcionario judicial de Maraniello. Por ese motivo, el expediente pasó a la órbita de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli.
El proceso disciplinario continúa con la evaluación de pruebas y testimonios. Mientras tanto, la Comisión de Disciplina analiza si corresponde aplicar sanciones administrativas o eventualmente girar los casos a la Comisión de Acusación, que podría solicitar la remoción del juez.
De acuerdo a la documentación, las denuncias contra Maraniello incluyen acusaciones de abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados y violaciones al reglamento judicial. Varios expedientes fueron remitidos por la Cámara Contencioso Administrativa y la Oficina de Bienestar, aunque permanecen bajo reserva y no tienen difusión pública.
El gremio judicial remarcó que el avance de las entrevistas con empleados actuales y ex empleados ha permitido conocer “más y más casos”. En uno de los testimonios, la víctima describió su situación de vulnerabilidad, mencionando que era hija de un camionero y dependía del empleo como trabajadora interina para sostener sus estudios, siendo la primera universitaria de su familia.
La intervención de Maraniello en el escándalo de los audios de Karina Milei coincide con el avance de las causas en su contra. La filtración de los supuestos audios generó un operativo judicial del entorno presidencial para controlar la difusión.
Otra denuncia
El Gobierno presentó una denuncia judicial tras la difusión de audios grabados ilegalmente a Karina Milei en la Casa Rosada. La denuncia, presentada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, sostiene que se trató de una “operación de inteligencia no institucional” orientada a desestabilizar al Ejecutivo y afectar el proceso electoral. Acusa de maniobra golpista y alude a la participación de sectores de la oposición. El expediente quedó en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini.
La acción judicial estuvo acompañada por una orden del juez Alejandro Marianello, quien dispuso que cesara inmediatamente la difusión de los audios. El fallo, favorable a Karina Milei, busca evitar nuevas filtraciones por considerar que podrían perjudicar intereses estatales sensibles. Además, el Gobierno solicitó el allanamiento de las oficinas del canal de streaming Carnaval, desde donde se difundieron los materiales, y apuntó a los responsables de su publicación y a allegados de la diputada Marcela Pagano.
Según la denuncia, la difusión se produce en un “momento estratégico”, coincidente con la etapa clave de la campaña para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y antes de los comicios nacionales. El Gobierno interpreta esta coincidencia como parte de una campaña de desinformación para influir en el electorado y denuncia que la utilización de los audios representa un hecho grave sin precedentes en la política argentina.
Fuentes del Ejecutivo reconocen preocupación interna por el impacto de la crisis, consideran que la revelación de los audios afectó la motivación de la militancia y resaltan el riesgo de que la crisis política se profundice si el oficialismo no logra un resultado favorable en los comicios próximos.
El oficialismo atribuye la filtración a una campaña deliberada para dañar su imagen y señala la coordinación de sectores opositores, en un contexto de incertidumbre económica y descoordinación interna que agrava la situación del Gobierno nacional.
