Esta semana, la jueza Patricia Funes, integrante de la autodenominada Corte Internacional de Justicia Real de la Gente, presentó un recurso de reconsideración ante el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza para solicitar la revocación de la Resolución Nº 2572, que impone sanciones a los padres que no cumplan con el calendario oficial de vacunación infantil.
En su escrito, Funes sostiene que la medida “vulnera derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos”, al afectar principios como la autonomía personal, el consentimiento informado y la protección de datos personales.
La magistrada cuestiona, entre otros puntos, la imposición de medidas sanitarias sin consentimiento informado, lo que —según argumenta— atenta contra la libertad y la dignidad de las personas. Asimismo, advierte sobre un posible uso indebido de datos sensibles, situación que podría generar responsabilidades penales y civiles.
Funes también apuntó contra los funcionarios que firmaron la resolución —incluido el ministro de Salud, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Jefatura de Gabinete—, a quienes les atribuyó una eventual responsabilidad legal. En esa línea, mencionó posibles figuras penales como abuso de autoridad, coacción, violación de secretos y delitos contra la integridad de menores.
El recurso cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal Constitucional de España y la Corte Suprema de Estados Unidos como respaldo a su planteo.
Cabe recordar que la normativa cuestionada forma parte del nuevo protocolo de vacunación obligatorio en Mendoza, que contempla multas de hasta $336.000, arrestos de hasta cinco días o trabajos comunitarios para los padres que incumplan, además de sanciones para los funcionarios que omitan denunciar esas situaciones.
Finalmente, Funes advirtió que, si la resolución no es revocada, el caso será llevado a instancias judiciales superiores, tanto en el ámbito nacional como internacional.
