El ex presidente permanece bajo prisión domiciliaria en Brasilia mientras la Corte Suprema evalúa nuevas medidas preventivas ante indicios de comunicación con otros implicados y denuncias de violar restricciones judiciales.
La fiscalía de Brasil pidió este lunes intensificar la vigilancia policial sobre el ex presidente Jair Bolsonaro a pocos días de que el Supremo Tribunal Federal inicie las deliberaciones finales del juicio en su contra por intento de golpe de Estado.
El pedido se produce luego de que el diputado Lindbergh Farias, del Partido de los Trabajadores, alertara sobre un “riesgo de fuga concreto” y solicitara la prisión preventiva del ex mandatario ultraderechista.
La solicitud surge tras el recurso presentado la semana pasada por Farias, líder de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, quien acusó a Bolsonaro de incumplir las condiciones determinadas por la corte y sostuvo que representa un “riesgo de fuga concreto” del territorio brasileño.
El parlamentario argumentó ante el tribunal que el ex mandatario no ha respetado las restricciones y advirtió sobre la posibilidad de que busque eludir la justicia en la etapa final de su juicio.
El procedimiento judicial contra Jair Bolsonaro responde a la causa abierta por presunta comisión de delito de golpismo e integración a una “organización criminal” para impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. El ex jefe de Estado, de 70 años, permanece bajo prisión domiciliaria preventiva desde principios de agosto en Brasilia, tras dictamen del juez que lo responsabilizó por evadir la prohibición de manifestarse en redes sociales.
Durante la última semana, la Policía Federal indicó que Bolsonaro reincidió en el incumplimiento de las restricciones impuestas, a pesar del fallo judicial que le veta cualquier acto de proselitismo digital y la comunicación con otros investigados. La defensa del líder opositor negó de inmediato estas acusaciones y consideró que existe una campaña de la policía “para desmoralizarlo”, según recogió la prensa brasileña.
La fiscalía tiene plazo hasta este miércoles para responder a las explicaciones ofrecidas por la defensa. En tanto, la Policía Federal sostiene que el ex mandatario contactó recientemente a otros acusados en la misma causa e intercambió por Whatsapp hasta 300 videos relacionados con muestras de apoyo, actuaciones que están expresamente prohibidas por decisión del tribunal.
A estos elementos se sumó la evidencia hallada en la investigación judicial: un documento de 33 páginas con un primer borrador de “pedido de asilo político” al presidente argentino, Javier Milei, fechado pocos días después de la apertura formal de la causa de golpismo en febrero de 2024. Este texto fue incautado durante las pericias y refiere la postura de Bolsonaro, quien alegaba sufrir “una persecución política en Brasil” como fundamento para solicitar protección internacional.
La policía también recomendó inculpar a Bolsonaro bajo la sospecha de haber intentado obstruir la acción judicial que lo investiga.
El juicio, que comenzó en abril, avanza hacia la fase de deliberaciones entre el 2 y el 12 de septiembre. El Supremo Tribunal Federal deberá deliberar y emitir un fallo definitivo, mientras aumentan los temores sobre los posibles escenarios si el acusado intenta abandonar el país.
De acuerdo con el Código Penal brasileño, Bolsonaro podría enfrentar una condena de hasta 40 años de prisión en caso de ser hallado culpable por los delitos que se le imputan. La causa concentra la atención de la opinión pública y la clase política ante la posibilidad de que uno de los principales líderes de la ultraderecha brasileña reciba una sentencia sin precedentes en la historia reciente del país.
