La ex presidenta puso en duda el monto del decomiso fijado por el tribunal para resarcir al Estado por administración fraudulenta y criticó el accionar de los fiscales.
A poco de cumplirse el plazo que fijó el tribunal oral de la causa “Vialidad” para que Cristina Fernández de Kirchner deposite, junto con los demás condenados, el pago de 684 mil millones de pesos en concepto de decomiso por perjuicios al Estado, la expresidenta presentó un escrito junto a su defensa donde impugnó la decisión que ordenó la ejecución de sus bienes y solicitó que se deje sin efecto esa medida. Además, cuestionó el accionar de los fiscales y validó la legitimidad de su patrimonio.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 había fijado como fecha límite este miércoles a las 09:30 para que los condenados por corrupción en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz depositaran en una cuenta judicial un total de 684 mil millones de pesos -537 millones de dólares- como una de las sanciones penales por las maniobras de defraudación a la Administración Pública.
En su resolución, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que dictaron la condena, explicaron que el decomiso de los bienes se da como “determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”. En la causa se determinó que entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina, hubo irregularidades en las obras viales concedidas al empresario Lázaro Báez para Santa Cruz, también condenado en el caso junto al ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y cinco ex funcionarios provinciales.
Los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizaron en 684 mil millones de pesos el monto del decomiso. Para eso utilizaron el índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC en base a los 85 mil millones de pesos que fijó el Tribunal Oral Federal 2 en su veredicto de diciembre de 2022.
Para Fernández de Kirchner, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que elaboraron un listado de sus bienes y los de sus hijos, al igual que los de Báez y el resto de los otros condenados a los efectos de ser ejecutados si incumplen la orden de pagar, “omitieron llevar a cabo una investigación patrimonial que permita probar, con el grado de certeza necesario para imponer una sanción penal, cuáles son los bienes que son encuadrables bajo la tipología prevista en el art. 23 del Código Penal”.
Y precisó: “la conducta de los fiscales impidió que en la sentencia se llevara a cabo una determinación precisa de cuáles son los bienes que pretenden ser decomisados, por haberse probado que constituyen los instrumentos, el producto o el provecho del delito por el que se dictó condena”
“Sentado cuanto precede -aclaró la expresidenta-, de conformidad con los términos fijados por la ley y los criterios jurisprudenciales (…), debo manifestar que no tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables. En otras palabras, no tengo ‘bienes que sirvan a esos fines’ y que consecuentemente puedan ser ejecutados (…)“.
Y destacó: “Lejos de ello, toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima.
Según remarcó la exmandataria en uno de los párrafos del escrito de 28 páginas presentado ante el tribunal: “debo ser la persona que más veces fue denunciada e investigada a lo largo de la historia argentina. Durante este largo proceso de persecución que vengo padeciendo, y que lleva ya más de veinte años, distintas sentencias firmes demostraron el origen legítimo de los bienes que integraron el patrimonio de Néstor Kirchner y la suscripta”.
Cristina Kirchner, actualmente detenida en su departamento de la calle San José con una condena de seis años de prisión, hizo mención a distintos expedientes como donde resultó sobreseída en investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y negociaciones incompatibles con la función pública para después afirmar que “resulta incuestionable a partir de los pronunciamientos judiciales citados” que “no existió ni existe dentro de mi patrimonio ningún bien que pueda considerarse decomisable en los términos del art. 23 del Código Penal”.
La expresidenta también cuestionó la metodología del cálculo que realizaron los magistrados para determinar la suma a decomisar como sanción adicional a las condenas dictadas en “Vialidad”. Impugnó el “procedimiento seguido por el Tribunal” y solicitó que “sea revisado” en tanto “adolece” de “errores fácticos y jurídicos”.
Dijo que el TOC “convirtió en definitiva, sin sustanciación ni debate previo, una estimación provisoria del monto de decomiso que había sido expresamente calificada como tal en su sentencia. Esto privó a las partes del derecho a controvertir la actualización, afectando el derecho de defensa, la garantía del juez natural y el derecho de propiedad”.
En esa línea, y denunciando “un trato desigual y arbitrario”, la ex jefa de Estado aseveró que la decisión tomada “carece de la más mínima fundamentación. Ello así, pues pese a las discrepancias notorias entre las metodologías propuestas por los peritos intervinientes, para actualizar el monto de decomiso el Tribunal adoptó el índice de precios al consumidor (IPC), sin explicar por qué descartó alternativas técnicas sólidas como la aplicación de tasas bancarias -como en casos similares que también citó-. Ello vulnera las exigencias constitucionales y legales que rigen la validez de las decisiones judiciales”.
Explicó que la metodología del IPC como cálculo derivó en un incremento de “cien veces el monto” del decomiso, “circunstancia que pone en evidencia, una vez más, el proceso de carácter confiscatorio llevado en mi contra y expresamente prohibido por la Constitución Nacional”.
En sus últimas consideraciones, Fernández de Kirchner habló de “desvíos” que “no son meras irregularidades formales” y de una “regresión normativa” que “nos reconduce a prácticas inquisitivas y totalitarias” que derivan en un “mecanismo de persecución con rasgos estrictamente confiscatorios”.
“Todo ello revela una situación de extraordinaria gravedad institucional, en tanto se pretende llevar a cabo, por vías de hecho, lo que el derecho expresamente prohíbe, expresó, y después agregó: “es imposible no calificar a lo actuado como un verdadero disparate jurídico, que se aparta de manera grosera del sistema legal vigente y que, de concretarse, comprometerá la responsabilidad internacional del Estado argentino, a mérito de las garantías convencionales vulneradas”.
Ahora los jueces del TOF 2 tendrán que definir si suspenden o no la ejecución de los bienes, en tanto la exmandataria también alegó la incompetencia del tribunal para adoptar esa medida.
Por otro lado, Beraldi y Llernovoy dedujeron un recurso casatorio contra la resolución del TOF 2 dictada el 15 de julio pasado que actualizó el monto del decomiso fijado en la sentencia condenatoria de diciembre de 2022, calculado en $684.990.350.139,86. El más alto tribunal penal del país recibirá el caso y deberá pronunciarse respecto a la procedencia del planteo.
