El texto establece un marco legal para acceder a la muerte asistida en casos de enfermedades terminales o padecimientos insoportables. Su aprobación definitiva ahora está en manos del Senado.
La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó en horas de la madrugada de este miércoles un proyecto de ley que legaliza la eutanasia, una medida que, de ser ratificada por el Senado, colocaría al país como el tercero en América Latina en permitir la muerte asistida, junto con Colombia y Ecuador. La votación en Montevideo registró 64 votos a favor y 29 en contra, superando el mínimo requerido de 50 de los 99 escaños.
La iniciativa, debatida durante más de cinco horas, establece un marco legal para regular y garantizar “el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir, en las circunstancias que ellas determinen”. El texto aprobado por la cámara baja detalla que la medida busca ofrecer una muerte “indolora, apacible y respetuosa” a quienes lo soliciten y cumplan con los requisitos establecidos.
Según el proyecto, podrán acceder al procedimiento las personas mayores de edad, con capacidad psíquica plena, que atraviesen la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible o sufran dolores que resulten insoportables. La solicitud deberá contar con la aprobación de al menos dos profesionales de la salud. La norma limita el acceso a ciudadanos uruguayos o extranjeros con residencia acreditada.
“El debate sobre la muerte asistida no es nuevo, pero esta vez la sociedad y el Parlamento han avanzado en reconocerlo como un derecho”, expresó en la sesión el diputado del Frente Amplio Luis Enrique Gallo, uno de los impulsores del proyecto. “Cada uno tiene el mismo derecho a elegir su muerte que elegir su vida”, añadió.
En la región, Colombia cuenta con un marco regulatorio consolidado para la eutanasia desde 1997, reforzado por sentencias y protocolos médicos. Ecuador, por su parte, despenalizó la práctica en 2023 a través de un fallo de la Corte Constitucional, aunque no se ha aplicado hasta la fecha.
En Uruguay, el debate parlamentario sobre la eutanasia se inició formalmente en 2019, pero una propuesta similar presentada en 2022 fracasó en el Senado. Actualmente, la legislación uruguaya contempla desde 2013 el derecho de los pacientes terminales a rechazar tratamientos médicos que prolonguen la vida. Sin embargo, la eutanasia y el suicidio asistido continúan tipificados como “homicidio piadoso” en el Código Penal.
El texto aprobado este miércoles es el resultado de un trabajo legislativo impulsado por el Frente Amplio a inicios de 2025 y respaldado por sectores de la oposición. La Comisión de Salud de la cámara baja había dado su aval en julio.
Para su entrada en vigor, la norma debe ser ratificada por el Senado, donde el oficialismo cuenta con mayoría. De acuerdo con legisladores de la bancada, el objetivo es someterla a votación antes de que termine el año.
En el plano internacional, países como Bélgica, Países Bajos, España, Canadá y algunas jurisdicciones de Australia y Estados Unidos permiten la eutanasia o el suicidio asistido bajo diversas condiciones. La discusión suele centrarse en el equilibrio entre el respeto a la autonomía individual y las garantías éticas y médicas del procedimiento.
Según una encuesta de Factum realizada en 2022, un 77% de la población uruguaya se manifestó a favor de la legalización de la eutanasia en circunstancias específicas. El respaldo ciudadano, sumado a la mayoría parlamentaria, aumenta las posibilidades de que la iniciativa se convierta en ley en los próximos meses.
