Fueron imputados por un millonario contrabando de mercadería proveniente del Estado Plurinacional de Bolivia que era ingresada al país por terrenos de la finca ubicada en Aguas Blancas, allanada esta semana. La fiscalia calculó que movían mercadería ilegal por $229 millones mensuales y que percibían una ganancia diaria de más de 3,5 millones, por cobros de peajes y otras expensas clandestinas.
El fiscal federal Marcos Romero formalizó una investigación penal contra 11 personas que quedaron en prisión preventiva por los delitos de “asociación ilícita y contrabando de importación, agravado por el número de intervinientes y por superar el valor en plaza de la mercadería”, por el ingreso de mercadería a través de un paso clandestino que funcionaba en la finca Karina, en la localidad fronteriza de Aguas Blancas.
La formalización del caso fue realizada el miércoles último ante la jueza federal de Garantías Ivana Hernández. Las 11personas ahora imputadas fueron detenidas en allanamientos realizados el pasado 4 de mayo. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, celebró esta acción de la Justicia Federal y afirmó que es parte del plan Güemes.
La fiscalía informó que las personas imputadas son José Suárez, los hermanos Francisca, Carmen y Jorge Cardozo, Gladis Salazar, Pedro Rivero, María Basco, Virginia Orellana, Cintia Gutiérrez, María Segundo y María Laura Tintilay. En el caso de esta última mujer, la acusación fue agravada por su calidad de funcionaria pública, dado que pertenece a la Policía de la provincia.
Además de ordenar que todas estas personas queden en prisión preventiva, la jueza Hernández autorizó medidas probatorias, como los peritajes a teléfonos celulares secuestrados, y dispuso la clausura -con consigna permanente de Gendarmería Nacional- de la finca Karina.
En la audiencia el fiscal recordó que esta investigación comenzó de oficio, el 26 de mayo pasado, a partir de una información que daba cuenta del comercio ilegal en la finca Karina, ubicada a dos kilómetros del ejido urbano de Aguas Blancas, a la vera de la ruta nacional 50.
Romero precisó que se puede acceder a esta finca desde la ruta y tras recorrer un camino rural de corta distancia se llega a la margen argentina del río Bermejo, cuya playa estaba acondicionada para el arribo de gomones que cruzaban desde el Estado Plurinacional de Bolivia con mercadería de todo tipo, incluso automóviles.
El fiscal indicó que en la investigación se pudo establecer que la propiedad estaba compuesta por dos catastros. Uno se denomina Karina y figura como adquirido por Gladis Salazar en febrero pasado. El vendedor es su hermano, Alfredo Salazar, a quien la fiscalía considera uno de los principales responsables del contrabando. Sin embargo, no fue detenido porque tiene residencia en Bolivia.
El segundo catastro, ubicado hacia la playa del río, está a nombre de Blanca Cortez, una mujer ya fallecida y la propiedad está en proceso de sucesión, con un litigio por prescripción adquisitiva iniciado por José Cardozo, padre de los tres hermanos imputados.
Ganancias millonarias
El fiscal Romero sostuvo que Alfredo Salazar se cuenta entre los principales sospechosos de la maniobra de contrabando a través de la finca Karina. Señaló que su hermana, Gladis Salazar, fue registrada como dueña de esta finca tras comprársela a su hermano por $20 millones, a pesar de que su perfil financiero y patrimonial no puede justificar una operación de esa envergadura.
Alfredo Salazar está imputado pero aún no pudo ser detenido. La fiscalía anticipó que están pendientes las detenciones de otras personas imputadas.
Romero expuso que la administración de esta actividad ilegal desde Argentina estaba en manos de Suárez, quien junto a la familia Cardozo y Rivero supervisaban el ingreso de los vehículos que llegaban desde la ruta hasta la playa del río para cruzar hacia Bolivia, comprar mercadería y regresar. También se despachaba mercadería hacia el vecino país, pero en menor proporción.
El fiscal sostuvo que este corredor clandestino dejaba importantes ganancias a los acusados, que habían instalado dos puntos de cobro: uno en el acceso a la finca, donde se cobraba $2 mil por cada vehículo que ingresaba, mientras que en la playa se debían pagar mil pesos por bulto ingresado de contrabando. A esto se le sumaban las ganancias por los puestos de comida regenteados por los imputados, aseguró Romero.
El fiscal detalló que cada vehículo llevaba un promedio de diez bultos de mercadería. Por día entraban a la finca 300 vehículos a buscar la mercadería. Además, se acreditó que dentro del predio existían seis puestos de comida, cuyos dueños debían pagar $20 mil por día para su explotación.
En tal sentido, Romero calculó que por día se recaudaban $3.720.000, con excepción del domingo, que estaba cerrado.
En cuanto al valor en plaza de la mercadería ingresada de contrabando, el fiscal hizo alusión a un reporte confeccionado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Dirección General de Aduanas (DGA).
Ese informe calcula que en un año el movimiento económico que se produce en la finca, a raíz de la mercadería ilegal que pasa por esa propiedad, asciende a casi $3 mil millones (concretamente, $2.975.392.851,56), con un promedio mensual de casi 229 millones de pesos.
Por otra parte, el fiscal consideró confirmada la actividad ilegal desplegada por los imputados con las evidencias obtenidas a partir de la intervención de un agente revelador.
Para dar cuenta del flujo de vehículos, la fiscalia presentó un video grabado por un dron días antes de la detención de las personas ahora imputadas. En el video se puede ver el recorrido de la finca y, en especial, la gran cantidad de vehículos estacionados en la playa del río, mientras lo gomones van y vienen desde Bolivia.
Romero recordó que pidió al juez federal de Garantías Gustavo Montoya la autorización para allanar la finca y otras dos viviendas localizadas en la ciudad de Orán con el objetivo de detener a los implicados, y que esta medida que se concretó el 4 de agosto pasado.
