El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, anunció que a partir del 1 de agosto una clínica privada asumirá la atención de los más de 16.000 afiliados de PAMI en la capital salteña, tras el vencimiento del contrato con el Hospital Militar. Mangione advirtió que “no vamos a permitir que se joda con los pobres viejos” y subrayó la necesidad de establecer “condiciones claras” y un sistema de supervisión conjunto.
La Provincia propone conformar una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con Nación para controlar las prestaciones que PAMI derive a efectores privados. Según Mangione, el convenio estará próximo a firmarse y permitirá “verificar las cápitas” y asegurar que los adultos mayores reciban “el servicio que corresponde”.
Principales ejes de control a clínicas privadas:
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Verificación del cumplimiento de normativas sanitarias y administrativas.
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Auditorías periódicas sobre cantidad y calidad de prestaciones.
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Responsabilidad compartida entre Provincia y PAMI para sancionar incumplimientos.
En paralelo, el ministerio profundiza una investigación sobre una fundación de hemofilia: se auditan 2.700 casos sospechosos de recibir medicación costosa sin registro oficial durante los últimos 15 años. Mangione reveló que la ONG operaba en un edificio público con personal estatal y sin entregar historias clínicas, por lo que se rescindió el convenio y los pacientes quedan bajo gestión directa del Estado.
Asimismo, continúan los controles sorpresivos en hospitales y centros de salud públicos para detectar inasistencias injustificadas. Mangione detalló hallazgos de ausencias masivas de médicos, enfermeros y administrativos, y anunció un nuevo sistema de registro de entradas y salidas vía celular.
Medidas en curso:
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Auditorías de asistencia cruzadas con licencias y expedientes.
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Apercibimientos y sanciones, que pueden llegar a la exoneración en caso de reincidencia.
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Implementación de control digital en tiempo real para personal de salud.
