Un informe privado analizó el peso tributario nacional y provincial sobre la actividad agropecuaria y concluyó que entre los tres niveles del Estado los impuestos distorsivos representan 7,4% del Producto
El Gobierno nacional anunció una reducción parcial en los derechos de exportación para seis complejos productivos: carne, maíz, sorgo, girasol, soja y sus derivados. En los casos de carne y girasol, la baja fue del 25%, mientras que para los restantes productos se estableció una rebaja del 20%. La medida incluyó un compromiso oficial de no retrotraer los cambios y de avanzar en una eliminación total “cuando haya espacio fiscal”.
El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) señaló que los derechos de exportación “son un muy mal impuesto porque desalienta la producción”. En su informe recordó que, a comienzos del siglo, la Argentina tenía una producción de granos similar a la de Brasil. En la actualidad, produce menos de la mitad. “Una de las principales explicaciones es que Brasil, al igual que la mayoría de los países, no aplica impuestos sobre sus exportaciones agropecuarias”, indicó la entidad.
No solo retenciones
El análisis subrayó que no solo las retenciones afectan la competitividad. A ellas se suman otros tributos que distorsionan los precios relativos, encarecen insumos y restan margen a los productores. Según IDESA, la presión tributaria consolidada —entre Nación, provincias y municipios— asciende a aproximadamente el 28% del PBI.
En ese total, el Estado nacional aporta derechos de exportación por el 1% del producto y el impuesto al cheque por otro 1,6%. Las provincias, en tanto, recaudan alrededor del 3,9% del PBI mediante Ingresos Brutos y un 0,4% por el impuesto a los Sellos. A nivel municipal, se calculó que las tasas sobre ventas alcanzan al menos el 0,5% del producto.
Estos datos muestran que los impuestos más distorsivos representan el 7,4% del PBI. “Más de 1 de cada 4 pesos que recaudan los tres niveles del Estado provienen de tributos que dañan la competitividad”, advirtió el informe. Desde esta perspectiva, la baja parcial en las retenciones representa “un alivio muy marginal para la producción”, aunque significa un “gran esfuerzo fiscal para el Estado”.
IDESA estimó que la medida equivale a 0,2% del PBI, lo que representa “dos tercios del superávit financiero”. Por eso, calificó como “muy contradictorio” que un alivio tan limitado —y dirigido solo al sector agroexportador— implicara un costo tan alto para las cuentas públicas.
Según Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en la medida que la exportación es la base imponible de las retenciones, “el costo fiscal depende de la magnitud en que se incremente la producción. Si llega a aumentar la base imponible alrededor de una quinta parte, el costo fiscal tiende a ser nulo”.
“Dado esto, el costo fiscal concreto está en la base imponible que surge de la liquidación de los stocks actuales, que en lugar de liquidarse a las alícuotas vigentes, se liquidarían a alícuotas menores”, detalló. Este efecto es particularmente importante si se tiene en cuenta que, según CREA, la superficie sembrada con soja venía en tren de caer un 11,3% respecto al ciclo anterior, dejando más de 2 millones de hectáreas fuera del mapa agrícola 2025/26.
“Debe tenerse en cuenta que la baja de derechos de exportación aumenta el precio de los productos, lo que a priori significa una baja de pérdidas o una suba de ganancias, derivando en una posible mayor recaudación del impuesto a las ganancias y de otros impuestos provinciales que gravan la facturación”, advirtió Argañaraz.
David Miazzo, economista especializado en agro, había estimado que el costo fiscal de la rebaja temporal de retenciones hasta junio fue de unos USD 1.000 millones y que ese monto, sin considerar los “efectos dinámicos” de una mayor producción y exportación (el aumento de la “base imponible” que cita Argañaraz), podría estirarse entre USD 500 y 600 millones en lo que resta del año, con el recorte permanente de alícuotas anunciado en la Exposición Rural.
