Mientras el presidente Javier Milei prepara el rechazo de los tres proyectos aprobados por el Congreso, desde distintos despachos oficiales buscan acordar un mecanismo alternativo para la distribución de fondos para las provincias.
El presidente Javier Milei vetará las leyes sancionadas semanas atrás, las cuales incrementan las jubilaciones, incorpora la moratoria y declara la emergencia en discapacidad. Será la semana que viene, cuando se esté terminando el plazo de diez días hábiles que tiene el Poder Ejecutivo para rechazar una ley proveniente del Congreso. La decisión es vital para el Gobierno, desde donde argumentan que el costo fiscal que supone este paquete de iniciativas pone en peligro el déficit cero que funciona como ancla de expectativas sobre el programa económico nacional.
“Tenemos el pedido del Presidente para que ningún veto sea volteado y estamos buscando alternativas para poder conversar con diferentes sectores”, comenta un hombre del oficialismo. A pesar de que en el plano legislativo hay conversaciones con los diferentes bloques partidarios, uno de los actores que también tiene una incidencia fundamental son los gobernadores. Al menos a un grupo de ellos se les busca dar un “gesto político” para poder lograr torcer algunas voluntades.
En los últimos días, trascendió que en el Ejecutivo están pensando en hacer una mayor transferencia de los denominados Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que son los fondos que se destinan a asistir a las provincias para situaciones específicas de emergencia o desequilibrios financieros, aunque, en rigor, se solía utilizar como un mecanismo de distribución de fondos de manera discrecional, ya que Nación es el que decide cómo manejarlo según la ocasión.
Son asuntos que se están tratando de manera conjunta en una mesa tripartita integrada por Presidencia, el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete; áreas que seguirán con reuniones esta semana para debatir qué mecanismos posibles existen para avanzar con una propuesta formal a los gobernadores, ya sean a la mayoría o a algunos pocos.
“Existen dilemas desde lo fiscal, es decir, cuánto tengamos nosotros que relegar de fondos, hasta desde lo jurídico; no es fácil implementar una modificación desde el Ejecutivo”, admiten desde un sector del Gobierno.
Los ATN no se rigen directamente por la Ley de Coparticipación, aunque sí se financian con fondos provenientes de la misma. La legislación establece la distribución de impuestos entre la Nación y las provincias, y un porcentaje de esos recursos se destina al Fondo de ATN. Aun así, no se rigen bajo un esquema automático como la coparticipación. Es todavía un dilema si pueden establecer de alguna forma que un porcentaje de lo recaudado se transfiera de manera proporcional a todas las provincias. Pero es algo que se piensa.
Entre varios gobernadores (incluso entre los más aliados) relativizan la medida. En particular, porque los 24 mandatarios subnacionales están a una aprobación en Diputados para que se sancione un proyecto que los favorece aún más. Esta incorpora un artículo a la Ley 11.672 (Ley Permanente de Presupuesto) para que el Fondo de ATN se coparticipe de forma automática y diaria, integrándose plenamente a la masa de fondos coparticipables.
Esta alternativa que piensa Nación puede ser discutida en comisiones de la Cámara Baja, aunque desde las provincias vuelven a enfatizar su escepticismo sobre el tema. Cerca del Presidente podrían evaluar no vetar la iniciativa consensuada, aunque si Milei la rechaza, los gobernadores tendrían los votos suficientes para insistir sin que el oficialismo pueda hacer mucho al respecto.
“Son chirolas los que nos pueden dar con ese cambio que hablan desde la Rosada”, afirma cerca de un importante gobernador. Y agregan: “El cálculo fiscal que puede significar lo que nosotros propusimos en el Congreso es de 0,05% del PIB. No le cambia a nadie la ecuación que sea menor a esto y tampoco vemos el rédito que le podrían sacar si es que implementan sus propios cambios”. Los gobernadores dicen no haber recibido esa oferta de parte de ningún miembro del oficialismo, aunque en los últimos días la Casa Rosada tuvo reuniones o encuentros presenciales con ocho provincias distintas. Por el momento no se prevé alguna reunión ni convocatoria oficial.
Puede ser que en el Ejecutivo estén pensando una medida paliativa que beneficie a los gobernadores por igual y que, para aquellos que ya le prometieron apoyos al Gobierno en el plano legislativo, tengan “algo que mostrar” para cuando vuelvan a sus provincias. “Acá no estamos hablando en términos económicos, estamos todos jugados en ese sentido. Lo que importa es el gesto político”, sintetiza un funcionario de la Casa Rosada.
El Gobierno se puso como principal objetivo político sostener los tres vetos que Javier Milei hará efectivos en el Boletín Oficial la semana próxima. El Presidente habilitó a los tres sectores políticos de la gestión a comenzar las conversaciones con distintos actores de la oposición. Tanto al círculo que responde al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; como al del asesor presidencial, Santiago Caputo; y al del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
“Creo que van a tener que acompañarme con este veto, porque los argentinos de bien los están mirando, y todos sabemos que aquellos que no acompañen el veto son genocidas y estarán asesinando a nuestras generaciones futuras”, afirmó el Presidente al respecto de la posibilidad de que se volteen la mayoría de los vetos.
El veto a la moratoria previsional parece encaminado a validarse, ya que la iniciativa recibió 100 votos negativos en su media sanción. No ocurre lo mismo con los otros dos vetos, referidos a jubilaciones y a la emergencia en discapacidad, que obtuvieron 71 y 67 votos negativos respectivamente, lo que deja al oficialismo en una posición de vulnerabilidad.
En la administración libertaria indican que son optimistas al respecto de la votación en el Congreso. Hay vetos con los que el Gobierno tiene mayor probabilidad de ratificarlos que otros. La Libertad Avanza cuenta con 39 bancas en Diputados y, según el operador oficial, la estimación de los votos para respaldar los vetos se orienta entre 72 y 86. El escenario está ajustado, pero algunos violetas se aventuran a decir que “con el apoyo de algunos gobernadores se podría tener el número”.
