De acuerdo con el procedimiento aprobado, el resto de las acciones será ofertado en bolsas y mercados nacionales.
Luego de que el Gobierno nacional aprobara una reforma para prestar el servicio público de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), esta madrugada se autorizó la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) mediante la venta de las acciones que actualmente pertenecen al Estado nacional.
La medida entró en vigencia por medio de la publicación del Decreto 494/2025 en el Boletín Oficial, que contó con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. De esta manera, las autoridades abrieron la posibilidad de que el 90% de las acciones que pertenecen al Estado puedan ser adquiridas a través de una licitación.
“Autorízase el procedimiento para la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. bajo la modalidad de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado nacional, cuyo porcentaje asciende al noventa por ciento (90 %) del capital social de dicha empresa”, establecieron en el primer artículo del documento.
De la misma manera, determinaron que el procedimiento estará a cargo del Ministerio de Economía, que intervendrá junto a la unidad ejecutora especial temporaria denominada “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. La misma deberá velar por el cumplimiento de los requerimientos en las ventas.
Según explicaron las autoridades, el proceso de venta se estructurará en dos etapas. En la primera, la cartera económica deberá vender al menos el 51% del paquete accionario de AySA a un operador estratégico, mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional.
Conforme a la venta del resto de las acciones, se dispuso que las mismas se venderá en bolsas y mercados del país. Asimismo, aclararon que en este proceso no se aplicarán preferencias previstas en el artículo 16 de la Ley N° 23.696, ni se implementará un Programa de Propiedad Participada.
Por su parte, el Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que la privatización no interrumpa el servicio público de provisión de agua potable y recolección de desagües cloacales.
La decisión de avanzar con este proceso se basó en los balances analizados por la actual gestión, que apuntó que “desde su creación, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. ha sido deficitaria y ha dependido de una constante y relevante asistencia del Tesoro nacional”.
En línea con esto, remarcaron que, “entre los ejercicios de los años 2006 a 2023, el Estado nacional realizó transferencias del Tesoro nacional a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. por aproximadamente la suma de USD 13.400.000.000″.
De la misma manera, apuntaron que la asistencia estatal no fue suficiente para “impedir un deterioro en la eficiencia y productividad” de la empresa, la cual reflejó una “disminución de la productividad laboral y el aumento de los costos operativos”.
No obstante, remarcaron que para mejorar la prestación del servicio se necesitaría realizar una potente inversión en infraestructura, pero que los costos de la misma no podría ser afrontados por la empresa en sí sola, ni por el Estado. Además, de ir en contra de la política de reducción y saneamiento fiscal.
Previo a esto, AySA había sido una de las empresas públicas que habían quedado sujetas a ser privatizadas, según el artículo 2 de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742.
En consecuencia, la Secretaría de Obras Públicas había dictado el “Plan de Acción de Transición de AySA S. A. para el período 2024-2026″, el cual fue creado con la intención de “adecuar los compromisos de prestación del servicio a las capacidades reales de ejecución e inversión de la empresa, en función de los recursos disponibles”.
De la misma manera, señalaron que la planificación fue pensada para garantizar la continuidad, eficiencia y sustentabilidad en el corto plazo. Asimismo, para sentar una base que facilite nuevos cambios a aplicar tanto a nivel normativo, institucional y de gestión.
