La Oficina de Presupuesto del Congreso aseguró que la suba de haberes y la actualización del bono junto con la reposición de la moratoria costaría al fisco casi 1% del PBI y que las medidas previstas para compensar ese gasto solo cubren un 40 por ciento
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), un organismo técnico que depende del Poder Legislativo, actualizó sus estimaciones sobre el costo fiscal de los proyectos de aumento de jubilaciones y recomposición de la moratoria previsional y calculó que pesarían, de manera anual, 1% del PBI sobre el presupuesto público, la mitad de lo que dejó saber el Poder Ejecutivo.
El informe también aseguró, por otra parte, que los mecanismos de compensación para cubrir los gastos adicionales que están incluidos en los proyectos sancionados la semana pasada solo llegan a cubrir el 40% de esas nuevas erogaciones, por lo que sería insuficiente para que no tengan impacto en la política fiscal del Ministerio de Economía.
La OPC calculó que el proyecto convertido en ley -que el presidente Javier Milei anticipó que vetará junto con los otros que ya fueron aprobados o puedan serlo en el futuro como los cambios en el reparto de ATN y del impuesto a los combustibles- que tiene un costo fiscal más alto es el de aumento de 7,2% en los haberes y la actualización del bono que se paga con las jubilaciones mínimas hasta $110.000.
Para este caso, el impacto fiscal sería de 0,79% del Producto Bruto, lo que elevaría el gasto previsional de 6,64% del PBI hasta 7,42 por ciento. Solo los bonos representarían un 0,38% de ese incremento en el gasto público. Ese es un cálculo para todo un año completo. Si la ley no fuese vetada y se aplicara, para lo que resta del 2025 el costo para el fisco sería de 0,32 por ciento, informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Por otra parte, la recomposición de una moratoria previsional por dos años, tal como prevé el proyecto aprobado la semana pasada en el Senado, tendrá un costo menor, que alcanzaría a 0,191% del Producto para el año 2026, y de 0,094% del PBI para lo que resta del año.
Los números que relevó la OPC son mucho más leves que los estimados por el Gobierno, que denunció que los proyectos previsionales más los que plantearon los gobernadores sobre impuesto a los combustibles líquidos y los Adelantos del Tesoro Nacional pesarían unos 2,5% del PBI anual, lo que revertiría por completo el equilibrio de las cuentas públicas.
Como comparación, según aseguran desde el ministerio de Economía, de ese total el costo fiscal de las iniciativas relacionadas a las jubilaciones sería de 2,1% del Producto, poco más de la mitad de lo que calculó la oficina presupuestaria del Congreso.
Un argumento del oficialismo que sí aparece reflejado en la OPC es que los mecanismos de compensación que presentan los proyectos de la oposición son insuficientes en términos presupuestarios para cubrir los nuevos gastos. Esas medidas son: la eliminación de la exención de IVA para directores de empresas, y de Ganancias e IVA para sociedades de garantía recíproca; reducir el financiamiento a la SIDE, utilizar el ahorro de sobrecargos del FMI que fueron reducidos a partir de este año, y la utilización de una partida presupuestaria a cargo del Tesoro y que se reserva para “atender posibles necesidades presupuestarias que puedan surgir a lo largo del ejercicio”.
Entre todas medidas, la OPC asegura que esta última es la que tiene un peso mayor (0,33% del PBI) pero que en definitiva entre todas alcanzan la suma de 0,39% del Producto, por lo que apenas llegarían a cubrir el 40% del costo fiscal estimado para los dos proyectos de ley en cuestión.
La cuestión fiscal es, para el Gobierno, el ancla principal de política económica. Así, el Palacio de Hacienda se planteó una meta más exigente que la estipulada en el acuerdo con el FMI, como mensaje al mercado de que será aún más ortodoxo en esa materia y para evitar por esa vía una fuente de tensión financiera o cambiaria.
El Gobierno tiene un sendero fiscal este año muy fino para avanzar si quiere cumplir la “sobremeta” que se autoimpuso. El presidente Javier Milei había instruido a sus funcionarios, en los días previos al anuncio del acuerdo con el FMI, fijar un objetivo de superávit primario más alto del previsto, desde 1,3% del PBI hasta 1,6 puntos del Producto. Una diferencia de unos 2,5 billones de pesos. En el mercado sobrevuela la pregunta de cómo podría hacer para conseguir ese margen adicional y alcanzar ese número.
