Una docente salteña presentó una denuncia contra la firma Piscinas Salta y su supuesto gerente, Ramiro Reales, tras asegurar que invirtió 1.750.000 pesos en la instalación de una pileta y la compra de una bomba portátil que nunca llegaron a entregarle. Silvia Mendoza afirma que acordó pagos mensuales de 200.000 pesos por la mano de obra y llegó a abonar medio millón de pesos por el equipo, pero solo recibió el casco de la piscina, gestionado por separado con la fábrica.
Mendoza reunió testimonios de al menos 35 personas de Salta, Tucumán y otras localidades del norte provincial que afirman haber sufrido el mismo modus operandi: contratos irregulares con firmas supuestamente falsificadas y promesas de garantía extendida que no se cumplieron. Entre ellas, un vecino que pagó cerca de seis millones de pesos por una pileta modelo Aruba y otra familia de Campo Quijano que entregó dos millones, sin recibir luego ninguna instalación.
La causa fue radicada en la Fiscalía Penal 2, donde ya se sumaron otras dos denuncias por hechos similares. Según la denunciante, Reales pretende desligarse al decir que era “un empleado más” y no el responsable directo, aunque los reclamos y transferencias se canalizaron a través de él. Mendoza también acusa a Reales de estar vinculado de manera encubierta a otra empresa de piscinas y de hostigarla tras exponer públicamente su caso.
En su ampliación de denuncia, la docente anunció que incluirá cargos por las amenazas recibidas y por presunto encubrimiento de terceros que habrían permitido la continuidad del fraude. “No busco recuperar el dinero, sino evitar que sigan robando los sueños de más familias”, declaró Mendoza, advirtiendo que teme que Reales, quien según ella tiene doble nacionalidad, pueda abandonar el país sin que la Justicia actúe con celeridad.
