La ley elimina las exenciones impositivas del sistema de las SGR, garantía para los préstamos a la pequeña empresa, aún cuando representan un 0,02% del PBI y son compensadas en términos fiscales
La reforma del sistema jubilatorio que el Senado convirtió en ley el jueves por la tarde trajo una consecuencia negativa impensada ya que puso una traba importante en el financiamiento para las pymes.
Aunque suene extraño, se produjo el link entre dos cuestiones tan alejadas como las jubilaciones y el crédito a las pequeñas empresas: en la búsqueda de fondos que compensen el aumento a los haberes, en su artículo 10 el proyecto elimina las exenciones impositivas para los aportantes a las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), las entidades que avalan 1 de cada 3 préstamos pymes en la Argentina.
La alarma que se encendió en el sector pyme obedece a que sin ese beneficio, corre grave riesgo un sistema crediticio que funciona hace 30 años para darle garantías a las empresas que carecen de ellas y las precisan para financiarse en los bancos.
Según datos de la CASFOG (Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía), el costo fiscal para el estado nacional por las exenciones impositivas del sistema de las SGR es de USD 136 millones al año, lo que representa apenas el 0,02% del PBI, un monto ínfimo para afrontar el aumento jubilatorio y que a la vez “muestra una notable eficiencia fiscal frente a los beneficios económicos y productivos que genera”, según señala el secretario de la Cámara, Ignacio Pérez Riba.
El ejecutivo aseguró que siempre que se revisa el gasto público queda claro que el costo fiscal que puedan tener el sistema SGR queda compensado en exceso con el movimiento crediticio posterior. “El sistema genera una fuerte externalidad positiva en términos de recaudación: las pymes financiadas tributan IVA, Ganancias, aportes y contribuciones, lo que más que compensa lo que el estado deja de recaudar”, explicó Pérez Riba.
“Sabemos que este Gobierno está en contra de otorgar beneficios sectoriales y apunta a dar soluciones al conjunto de la economía. Y el sistema de las SGR es trasversal, porque que las pymes accedan al crédito a un costo más bajo beneficia a todos”, apuntó.
¿Cómo funcionan las SGR, que financian un stock de 3.800 billones de pesos en créditos para 100.000 pymes? Es un sistema que vincula a inversores (socios protectores) que aportan su capital de riesgo para avalar los préstamos de pequeñas y medianas empresas (socios partícipes). Las SGR hacen la evaluación del riesgo crediticio para que esos capitales sirvan de garantía a las pymes que toman créditos créditos bancarios u operan con cheques de pago diferido, pagarés bursátiles, ON pyme y otros instrumentos.
El proyecto aprobado por el Senado golpea en el punto de origen del mecanismo. “Si se le quitan la exenciones impositivas a los fondos de riesgo que solventan el sistema, esos capitales se van. Y sin inversores, no hay sistema”, señaló Rafael Galante, presidente de Crecer SGR.
“Hay una idea de que el sistema de las SGR no paga impuestos y no es real. Las únicas exenciones son las del impuesto a las Ganancias para el socio protector, que sí paga por los intereses que gana, y la del IVA para las cuotas que pagan las pymes. El resto de la operación paga todos los impuestos, sin ninguna rebaja, desde hace 30 años”, señaló Galante.
Descontadas esas excepciones, las SGR pagan “los mismos impuestos que cualquier empresa”, tales como Impuesto a las Ganancias, IVA, Ingresos Brutos y cargas sociales, entre otros.
El impacto del proyecto
Frente al argumento habitual del Gobierno de Javier Milei frente al Congreso, “si quieren que gaste, decidan de dónde saldrán los recursos”, en la cámara de Diputados se incorporó a los socios protectores de las SGR para que resignen su beneficio impositivo.
La idea atravesó el debate en Diputados y también la particular sesión del Senado. Y como toda idea que genera alarma, hoy no tiene dueño. Nadie explica con certeza cuál es el beneficio de haber mezclado a las SGR en esta ley. Y mucho menos quién fue el legislador que lo sumó al proyecto.
En la Cámara que agrupa a las SGR cuentan con asombro que en reuniones privadas ni el PRO, ni la UCR, ni el peronismo en todas sus variantes apoyan la decisión. Mucho menos el oficialismo. El propio ministro de Economía Luis Caputo se sumó a la crítica en un posteo de la red social X. “Los ‘nacionales y populares’ están destrozando el financiamiento a las pymes y a la producción nacional”, ironizó Caputo.
Los números del sistema SGR señalan que el 35% del préstamo pyme cuenta con sus garantías, con marcas puntuales como la de servir de aval para el 40% de la emisión de cheques de pago diferido que se negocian en el mercado de capitales. Las 100.000 pymes que asisten exportan USD 1.500 millones al año y emplean a más de 500.000 trabajadores.
En la Argentina funcionan cerca de 50 SGR pero el 80% del mercado se concentra en un puñado de organizaciones. Garantizar SGR, vinculada al Banco Nación, tiene un claro liderazgo en el mercado. En el pelotón de las principales, además de la ya mencionada Crecer SGR, también aparecen Acindar Pyme, Argenpymes (Allaria), Fintech SGR (Banco Macro) y Bind Garantías (Banco Industrial), entre otras.
Más allá de la suerte que corra el proyecto de reforma jubilatoria, que en breve será vetado por el Poder Ejecutivo y, seguramente, será reimpulsado por la oposición en el Congreso, las SGR preparan la pelea parlamentaria para volver atrás con el mecanismo tributario que les permite fortalecer el financimiento pyme.
