El malestar del Presidente creció después de las votaciones que sancionaron las leyes jubilatorias, la reactivación de la moratoria y la emergencia en discapacidad. Hay contactos con las provincias que realiza Francos, pero no habrá una reunión formal
Después de un nuevo, fuerte revés en el Senado, en el Gobierno dieron por tierra cualquier posibilidad de una convocatoria a los gobernadores, con los que se arrastra una discusión por los fondos frente a la cual Javier Milei reaccionó con virulencia. Se instaló en la Casa Rosada y Olivos la sensación de que sufrieron una suerte de traición que, por ahora, no tiene marcha atrás. Según el oficialismo, hubo un intento del kirchnerismo, con vistas a las elecciones, de complicar el plan económico nacional, y los gobernadores, si no enteramente, culpables, son vistos como cómplices.
Armadores del Gobierno consideraron como positivo, ayer por la mañana, el gesto de algunos mandatarios que dejaron trascender que sólo respaldarían los proyectos propios para mejorar el estado de sus cuentas y no acompañarían las iniciativas, impulsadas principalmente por el kirchnerismo, para aumentar las jubilaciones y las erogaciones para el área de Discapacidad. Pero después del quórum, y sobre todo luego de la votación que transformó en ley las propuestas, el enojo se instaló definitivamente en la Casa Rosada.
Tras la reunión de Gabinete que encabezó Milei por la mañana, nadie en el Gobierno hacía mea culpa por el manejo político que desembocó, por acción u omisión, en que los mandatarios escalaran en el conflicto con la Nación. Ni de parte del Presidente, ni de los armadores de Karina Milei, los Menem. Menos de parte del sector de Santiago Caputo, donde decidieron que no pagarían los platos rotos por una estrategia con la que no estuvieron de acuerdo en primer lugar. Tampoco en el área de Economía, donde Luis “Toto” Caputo elige la intransigencia.
Así, la señal conciliatoria de algunos gobernadores, como Alfredo Cornejo, de Mendoza, o Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, que no acompañaron o retiraron a sus legisladores, no sirvió para compensar la ira libertaria sobre el conjunto.
Por la mañana, Francos había apuntado exclusivamente contra el kirchnerismo. A la hora de buscar responsables, el jefe de Gabinete había evitado arremeter en forma directa contra los gobernadores y se restringió, en cambio, a hablar de los legisladores que responden a Cristina Kirchner: dijo que planeaban un “golpe institucional” al iniciar el debate en el Senado.
Y, por la tarde, los libertarios puros de Caputo, y luego Patricia Bullrich, con aval del Presidente, responsabilizaron a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, por permitir la sesión y “no levantarse”. Más allá del encono de siempre contra la ex amiga del Presidente, hubo un intento de correr del eje de las culpas al poder del interior. Pero esos aires no se sostuvieron, y en Balcarce 50, después de la votación, aseguraron que nada había cambiado en la mirada condenatoria de la administración nacional hacia los mandatarios provinciales.
“No vamos a convocarlos”, sostuvieron en un importante despacho nacional. En la Casa Rosada creen que en los caciques de las provincias no sólo no tienen razón, sino que están “aprovechando” su “última ventana de oportunidad” antes de que cambie la distribución de bancas en el Congreso. “Ningún gobernador que quiso entrar a LLA tuvo denegada la entrada, nunca. El problema es electoral. Ven que tienen una última chance de imponerse antes de las elecciones”, sostuvieron.
A última hora de la tarde, desde la Bolsa de Comercio, Milei confirmó que no hay posibilidad de un consenso, cuando habló de traición. Sin mencionar a nadie directamente, deslizó que le habían clavado “un puñal por la espalda”, en alusión a los (¿ex? aliados). Retomó así la línea que había marcado el día previo en una entrevista, cuando directamente lanzó que los jefes provinciales intentaban “romper todo”
Anoche, frente a los expertos bursátiles, el jefe de Estado le habló a la política, pero también a los mercados. Por eso se mostró muy confiado en que los aumentos presupuestarios no podrán aplicarse. En primer lugar, porque los vetará. En segundo, porque eventualmente los judicializará, con la expectativa de que el trámite en la Justicia se extienda hasta después de que la composición del Congreso cambie a favor de LLA (dio por sentado que “arrasarán” en las elecciones de octubre).
Por lo bajo, en el Gobierno adelantan que recurrir a la Justicia no sería necesario. Buscarán evitar todo lo posible ese escabroso camino, que implicaría pedirle a un Poder del Estado que se inmiscuya en asuntos de otro. En cambio, creen que están en condiciones, entre los propios aliados de PRO y fuerzas cercanas, de sostener el veto presidencial. “Nos juega a favor que sólo necesitamos trabajar sobre los presentes, y el día de la votación en Diputados había 206 sentados”, dijeron.
