Triple victoria opositora ante un oficialismo sin defensa y con la Casa Rosada que le echa la culpa a Victoria Villarruel. El Gobierno prepara vetos y analiza una potencial judicialización de la sesión
En una jornada de duras derrotas para la Casa Rosada, el conglomerado opositor liderado por el kirchnerismo más un puñado de radicales, una dialoguista alejada del PRO y silvestres provinciales del Senado sancionó esta tarde las leyes que mejoran las castigadas jubilaciones, que reactiva la moratoria previsional, y que declara la emergencia en discapacidad.
Todo esto ocurrió ante un oficialismo sin defensa y con la Casa Rosada más preocupada en echarle la culpa a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en medio de una sesión en la que se destrozó el reglamento, más allá de la validación de la misma por el pleno de la Cámara alta que, en este sentido, es soberano en cuanto a sus decisiones en el recinto. Ahora, el Gobierno prepara vetos y analiza una potencial judicialización sobre lo actuado.
La ley implica un aumento real para todos los haberes y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $70 mil a $110 mil y se actualizaría por inflación. La principal crítica es la conversión de esto último a un derecho para siempre.
En tanto, la restitución por dos años de la moratoria implica la reactivación del sistema que permite que las personas sin los 30 años de aportes puedan comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.
Como miembro informante de la oposición, el camporista Mariano Recalde criticó que el “bono esté congelado desde marzo del año pasado” y consideró que “este pequeño aumento apenas alcanza para un par de docenas de empanadas, o para cubrir alguno de los servicios que deben pagar jubilados”.
“No es una excusa el equilibrio fiscal, ya que existen fuentes de financiamiento propias que permitirían llevar este alivio”, aclaró el senador por la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, apuntó a exenciones al IVA para ciertos sectores, ahorro por modificaciones en intereses de deuda y redireccionamiento de partidas.
Recalde agregó información sobre el endeudamiento de familias, que se duplicó entre marzo de 2024 y el mismo mes del corriente año. También adelantó el apoyo a la moratoria y recordó la recuperación del sistema previsional. Curioso que, después de varias gestiones kirchneristas y de otros dos espacios políticos -uno de los últimos, en pleno desarrollo-, los problemas sean mucho más graves, con un mecanismo al límite.
Por el macrismo, la titular de la comisión de Trabajo y aliada libertaria, Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), precisó: “Me preocupan los jubilados y si de verdad queremos ayudarlos debemos tomar el toro por las astas y resolver entonces el problema de diez millones de trabajadores argentinos que están en la informalidad y no aportan”. Claro está que rechazó el proyecto.
Desde el Pro disidente -fue electa legisladora porteña junto al ex alcalde Horacio Rodríguez Larreta-, Guadalupe Tagliaferri aseguró: “Ningún otro sector sufrió tanta pérdida como los jubilados. Son la casta para el Gobierno, por más que desde el relato digan cosas distintas. No niego la importancia de equilibrio fiscal y que la macro debe estar ordenada, pero este proyecto tiene fuentes de financiamiento”.
Tagliaferri se despegó -al igual que en otras ocasiones- de la moratoria previsional. “Nunca se resuelve el problema de fondo y cada un par de años estamos discutiendo de nuevo esto. Si el 67% de la vida laboral se tiene que estar en blanco, con niveles de informalidad altísimos, es imposible que una persona pueda acceder a una jubilación”, manifestó.
“Creo y sigo sosteniendo en un sistema solidario, justo y equitativo, pero es imposible que la poca cantidad de gente en blanco pueda sostener a los de la informalidad”, sumó. Seguido a ello, recordó un proyecto que empuja junto a otros senadores para garantizar un ingreso mínimo a la vejez y que a ello se sumen los años de aportes según la proporcionalidad de tiempo trabajado.
“Los jubilados ganan $900.000. Así lo dijo el ministro de Economía –Luis Caputo-, pero no vivo en un país con esa jubilación promedio”, afirmó el radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego), quien indicó su oposición a un artículo y adhirió al rechazo de la moratoria previsional.
Emergencia en discapacidad
La iniciativa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, es decir, pasado el final del Gobierno libertario, y reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones.
“Tenemos que actualizar el Certificado Único de Discapacidad. El trámite con el CUD es hoy toda una complicación y este proyecto propone una metodología en este sentido”, subrayó el peronista puntano y vice de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Fernando Salino.
Después fue el turno de las camporista Stefanía Cora (Entre Ríos), quien advirtió que “el Estado está en deuda” y que el texto “pone requisitos claros y exige auditorías”. En el mismo sentido se expresó el cordobés -y amigo de Javier Milei– Luis Juez (Córdoba): “Alguien tiene que hablar y contar lo que ellos no pueden. Esta ley de emergencia mínimamente, porque ni siquiera es una reparación, intenta darle a un sector invisibilizado de la sociedad un acompañamiento”.
Votaciones de ambas leyes
Primero fue el turno de la iniciativa jubilatoria, que en la votación en general obtuvo 52 adhesiones, ningún rechazo y cuatro abstenciones. Luego, se procedió a la particular, que se dividió en bloques de artículos y, pese a diferentes resultados, igual tuvo luz verde y, por lo tanto, la ley quedó sancionada.
El último turno fue el de la emergencia en discapacidad, que sí pudo realizarse por medios electrónicos: 56 afirmativos.
