La gestión de Javier Milei está furiosa con lo que considera “buitres domésticos”, asegura que no negociará con Burford y que pedirá apoyo oficial a EEUU. Cómo sigue la estrategia
El Gobierno de Javier Milei espera nuevas malas noticias desde Nueva York, en particular del tribunal del distrito sur de Manhattan que encabeza Loretta Preska, la jueza que tiene a cargo el extenso y oneroso juicio contra el Estado argentino por la expropiación de YPF.
El fallo adverso llegaría en las próximas horas, según pudo saber Infobae, y en la Casa Rosada lo esperan con preocupación en un contexto en el que el Gobierno está convencido de que hay “buitres domésticos” que operan, por distintos motivos -políticos, coyunturales y económicos- contra Argentina.
“Alimentan los buitres con la mano. Argentina no va a renunciar a su derecho a la defensa. Vamos a agotar todas las instancias judiciales para defender los intereses de todos los argentinos”, prometen cerca del Presidente.
Apuntan a las declaraciones recientes de Axel Kicillof, gobernador bonaerense; y también a exfuncionarios, a estudios de abogados privados, a analistas e, incluso, a empresas que, aseguran, podrían mover intereses de manera insidiosa para hacer negocios en Vaca Muerta aprovechando una YPF que si bien está fuera de la causa podría verse afectada. Además, como parte de la estrategia general, el Estado le pedirá ayuda al Gobierno de EEUU que opine en el caso, como ya ocurrió el año pasado, cuando Joe Biden era presidente.
Si bien aún no está clara la naturaleza del fallo inminente, hay varias cuestiones en paralelo sobre el escritorio de Preska. En los próximos días deberá decidir si suspende la sentencia de la entrega de las acciones. Estás podrían ser las opciones: puede llamar a una conferencia con las partes en su despacho (o de manera virtual) para seguir escuchando argumentos; puede suspender la sentencia a la espera de definiciones de casos relacionados; o puede acceder al pedido de Argentina de suspender la sentencia para que el país apele directamente a la cámara exigiendo o no garantías para hacerlo. Si toma alguna de esas dos decisiones, Argentina va a ir a la corte de apelaciones a pedir ese beneficio.
Todas estas tensiones, eventualmente, podrán terminar en un desacato para el país, siempre que el demandante lo pida. También podría obligar a poner una garantía, algo que de no cumplirse también sería un desacato directo.
Mega causa
Se trata de otro capítulo más de la demanda por la cual el país fue condenado, en 2023, a pagar USD 16.000 millones. No sólo eso, la actual gestión heredó, junto al caso YPF, casi USD 30.000 millones en pasivos judiciales.
La extensa demanda, que ya lleva una década, tiene su origen en la expropiación de la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta. Se hizo mal y ahora se pagan las consecuencias de esa mala praxis. Mientras cursa la apelación de ese fallo, Burford Capital, principal beneficiario del fallo multimillonario, realizó nuevos pedidos en el estrado de Preska. Uno de ellos causó un verdadero tembladeral en las últimas horas, cuando la jueza ordenó que el 51% de las acciones que el Estado tiene en la empresa pase a Burford como parte de pago.
Luego de la última decisión de Preska, Kicillof dio una conferencia de prensa en la que explicó detalles y defendió el proceso de expropiación que protagonizó como viceministro de Economía de CFK.
Desde la Procuración del Tesoro, el equipo de abogados del Estado que encabeza Santiago Casto Videla, destacaron que los litigantes contra el país usan los dichos del gobernador para señalarle a Preska que ellos tienen razón. “En lunes 7, los demandantes presentaron su oposición al pedido de suspensión del turnover efectuado por Argentina. En el escrito se cita la transcripción traducida de la conferencia del Gobernador Axel Kicillof, quien continúa entorpeciendo y empeorando la posición argentina”, señaló el organismo.
“Son indignantes las operetas de los ‘buitres domésticos”. Deberían llamarse a silencio. En la presentación que hacen los demandantes hay un anexo enorme donde, textualmente, van poniendo lo que dijo Kicillof. Usan su defensa en contra del país, parecen no necesitar otros argumentos. Además, por distintas vías, se intenta instalar que hay grietas entre los funcionarios que están a cargo de fijar las estrategias para este caso y ocurre todo lo contrario, hay un gran trabajo en equipo y alineación total”, detalló una alta fuente oficial en diálogo con Infobae.
El Gobierno tampoco ocultó su fastidio por apariciones mediáticas de ex Procuradores, como Facundo Saravia Frías y Carlos Balbín, ambos durante el gobierno de Cambiemos. “No es momento para hablar, digan lo que digan. Hubieran hablado en su momento. Ahora, no ayudan”, destacaron.
Cómo sigue la estrategia
Por estas horas, el Gobierno define con celeridad cómo seguirá la estrategia judicial y hay más funcionarios involucrados directamente en el caso, o al menos más que meses atrás. Las reuniones son arduas en la Procuración y se involucran funcionarios de Casa Rosada, Economía y Cancillería, entre otros. ¿Participa YPF de esas discusiones? Hay muchas versiones al respecto, pero ninguna confirmación oficial de las partes. No la habrá: uno de los argumentos de Burford es demostrar “alter ego” entre el Estado y la empresa; o sea, que son lo mismo. Una reunión oficial no haría más que abonar esa teoría.
Parte de la estrategia es asegurar que no habrá negociación alguna con Burford. Nada nuevo: es lo mismo que hicieron los abogados del Estado durante los gobiernos que atraviesan esta causa, el último de Cristina Kirchner y los de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. Burford envía señales de que quiere negociar y de que no le interesan las acciones de la empresa, pero no tiene respuesta. Fuentes cercanas al caso indican que el Estado no debe negociar y que sentarse con el principal ganador del fallo sería un precedente muy poco favorable para Argentina. Otros entendidos en la causa argumentan que, en su momento, Burford hubiera firmado por menos de un cuarto de la actual sentencia (que suma USD 2,5 millones de intereses por día y ya superó los USD 17.000 millones)
“No se negociará nada. La estrategia es judicial 100% en el estrado de Preska. Lo dijo el Presidente: se irá hasta las últimas consecuencias dentro de las instancias judiciales. Hay mucha especulación por una negociación porque hay muchos que se pueden llevar una gran tajada especulando. En esto están confluyendo poderes políticos, corporativos, del petróleo”, dicen en el Gobierno.
Los argumentos oficiales son la “naturaleza excepcional del caso”, que no es una disputa comercial ordinaria y que podría generar un “daño irreparable e imposibilidad legal de cumplimiento: la ejecución de la orden de turnover obligaría a Argentina a violar su propia legislación y perder el control sobre YPF de forma irreversible”.
En paralelo, los abogados del Estado esperan que Preska no se expida sobre el pedido de suspensión de la medida y poder presentar una apelación fuerte. “Y estamos trabajando en el frente internacional. En su momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos habló a favor del país y se está negociando para que eso pase otra vez. Y no es amiguismo, esta sentencia es mala porque sienta jurisprudencia de que EEUU puede meterse con otros estados soberanos. Pero queremos reforzar ese pedido”, dice el Gobierno.
En noviembre del año pasado, el Departamento de Justicia de EEUU le recomendó a Preska que rechace el pedido que hizo Burford para quedarse con las acciones de YPF. En la presentación, que firmó Damian Williams, fiscal de EEUU para el Distrito Sur de Nueva York, se asegura que conceder la orden de “turnover” de las acciones de YPF que piden los demandantes violaría las normas de inmunidad soberana de ese país. ¿Hará lo mismo EEUU con Donald Trump como presidente?
La Cancillería trabaja en el tema, según pudo saber este medio. Y se podría pedir que otros países sean amicus curiae de Argentina, como sucedió antes en este mismo caso con Uruguay, Paraguay y otros. También podrían hacerse pedidos formales a países europeos. La diplomacia trabaja para terminar de definir los nombres.
A la vista de los fallos de Preska hasta el momento, la estrategia internacional no evita fallos adversos multimillonarios ni órdenes de entregar las acciones de YPF. Y en las próximas horas se espera otro revés.
