A instancias de habitantes de Orán la justicia federal de Orán ordenó al organismo nacional hacerse cargo del mal estado de esta ruta. Vialidad apeló esta decisión y ahora debe resolver la Cámara de Apelaciones. El fiscal sostuvo que están en juego el derecho a la libre circulación, a la seguridad, a la vida y a la integridad física de las personas que circulan por esta ruta.
El fiscal federal Ricardo Toranzos se pronunció en contra de que se revoque una sentencia de primera instancia que ordena a Vialidad Nacional reparar la ruta nacional 50 en la zona del departamento Orán, cuyo mal estado viene provocando un sinfín de inconvenientes, y siniestros viales.
El 24 de abril último el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, falló a favor de un amparo colectivo presentado por vecinos y vecinas de Orán y ordenó a la Dirección de Vialidad Nacional reparar la ruta nacional 50, que en Salta tiene un recorrido de 71 kilómetros, desde el empalme con la ruta nacional 34 en la localidad de Pichanal hasta el puente internacional de Aguas Blancas, que limita con el Estado Plurinacional de Bolivia.
El organismo nacional apeló esa decisión, el trámite llegó a la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, ante la que el fiscal Toranzos elevó su dictamen pronunciándose por el rechazo de este planteo de Vialidad.
Al analizar los argumentos esgrimidos por Vialidad Nacional en contra de la decisión del juez federal de Orán, entre ellos el hecho de que el magistrado no habría realizado una “correcta correlación” de los hechos con la prueba documental, el fiscal consideró que el juez “tuvo en cuenta el reclamo de alrededor de 1300 personas sobre el estado de la ruta, las fotografías, los reconocimientos judiciales y una pericia de enero pasado que resultó suficiente para advertir el mal estado de la ruta”.
Asimismo, el fiscal resaltó el informe pericial efectuado por personal del Grupo de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional sobre el estado de la ruta 50 en el tramo que comprende de Orán a Pichanal, en ambos sentidos y con una extensión de 21.500 metros.
Los peritos recorrieron esa distancia y geoposicionaron las coordenadas donde hallaron sectores reparados, protuberancias y baches en el trayecto desde la rotonda de acceso de Orán, Hipólito Yrigoyen y Pichanal, donde también detallaron las zonas reparadas y la existencia de fallas.
El informe de los peritos indica que la ruta tiene señalización de tránsito, pero señala que algunos de los carteles están parcialmente obstruidos por la maleza, lo que dificulta su lectura. Detallaron, con gráficos, que en algunos sectores las banquinas se encuentran en mal estado de conservación.
Por otra parte, el fiscal Toranzos se refirió la prueba aportada por Vialidad Nacional respecto a las gestiones hechas para obtener la mezcla asfáltica en caliente, la empresa explicó que faltan recursos para realizar la tarea. Si bien se hicieron obras en cumplimiento de la medida cautelar ordenada en 2024, el fiscal sostuvo que fueron provisorias y precarias, y no son suficientes para garantizar la seguridad vial a largo plazo.
Y sostuvo que le asiste razón al juez al sostener que los inconvenientes señalados por Vialidad Nacional importan un reconocimiento del grave estado de la ruta 50. En este marco se destacó que al tramitar la provisión de mezcla asfáltica en caliente el organismo nacional fundó ese pedido en que n menos de 20 días las rutas tuvieron un gran deterioro por las condiciones climáticas y de tránsito, lo que evidencia la escasa durabilidad de los arreglos y de las tareas de mantenimiento.
Para el fiscal, esto permite concluir que “los trabajos se realizaron con el material inapropiado. Si bien Vialidad adujo que nunca dejó de ejecutar tareas de conservación y mantenimiento de la ruta, siempre en el marco de sus funciones, responsabilidades, y de las planificaciones de tareas previstas en base a cuestiones de índoles presupuestarias y de administración al alcance de la entidad Vial, los trabajos resultan precarios y provisorios”, ratificó.
En cuanto al argumento de Vialidad de que la intromisión del poder judicial en las tareas administrativas del organismo provocan inconvenientes, el fiscal resaltó que se encuentran en juego el derecho a la libre circulación, a la seguridad, a la vida y a la integridad física, por lo que corresponde el control de legalidad judicial ante actos u omisiones en los que pudiera incurrir la DNV en perjuicio de estas garantías constitucionales.
El puente sin habilitar
El fiscal también se pronunció sobre la finalización de obras en el acceso a la localidad de Hipólito Yrigoyen, recordó que se realizó una medida probatoria el 20 de marzo último sobre las estructuras del puente en la ruta 50. Esa prueba concluyó que “la estructura tiene suficiente aptitud para resistir las exigencias del tránsito a que serán sometidas en su vida útil y un comportamiento general satisfactorio de sus partes ante todas las solicitaciones, directas o indirectas, que pudieren presentarse”.
Sin embargo, destacó si bien la obra fue finalizada el 5 de marzo, desde el 15 de abril “estaría pendiente” de su habilitación y antes de eso se previó que “se reforzaría el señalamiento vertical (cartelería), no surgiendo constancias que acrediten dicho cumplimiento”.
Asimismo, recordó que “se encuentra pendiente el traspaso a las Municipalidades de la administración y mantenimiento del alumbrado. Aún cuando la demandada informó que tramita bajo expediente administrativo la solicitud efectuada por el intendente de Orán de transferencia del sistema de iluminación de las rotondas ubicadas en los accesos de esa localidad, no surge el estado de esas actuaciones ni que el traspaso se haya efectivizado”.
