Mientras los ajustes en tarifas y el alza de servicios públicos y privados reducen el ingreso real, los datos oficiales muestran un repunte del desempleo y la informalidad, en un contexto donde la desinflación pierde centralidad en la agenda social
La fuerte baja de la inflación -desaceleración, en términos técnicos- respecto a los niveles heredados es el principal logro que puede mostrar el presidente Javier Milei para afrontar las elecciones de medio término y validar en las urnas una gestión caracterizada por la figura de la “motosierra”, aún mantiene niveles elevados de aceptación.
El aumento generalizado de los precios dejó de ocupar el primer lugar en las preocupaciones de la ciudadanía.
El desempleo y las dificultades para llegar a fin de mes ganaron protagonismo en los sondeos sobre problemas económicos.
Según Mora Jozami, directora de Casa Tres, la inflación era citada como preocupación por el 23% de los encuestados en marzo de 2024, pero solo por 5% en mayo de 2025, una merma de 18 puntos porcentuales. En ese lapso, las menciones al desempleo crecieron de 4% a 11% y al costo de vida, de 3% a 8%, casi se triplicaron.
Javier Milei asumió la presidencia de la Nación en diciembre de 2023 y dispuso una devaluación -sinceramiento cambiario para cerrar una brecha de más de 200% entre el tipo de cambio libre y el oficial regulado- que llevó la inflación al 25% ese mes y el último año de gestión del Frente de Todos terminó con un 211,4% anual, el nivel más alto desde la híper de los años noventa.
El Indec informó la semana pasada que la variación del índice de precios al consumidor (IPC) fue en mayo del 1,5%, la más baja en cinco años, y 43,5% interanual.
Este proceso de desaceleración se dio en paralelo aún ajuste de precios relativos: se actualizaron con fuerza las tarifas de servicios públicos y combustibles que llevaban tiempo congeladas. El equipo económico mantuvo el tipo de cambio estable, aun resignando reservas en el Banco Central.
Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires, sin contar subsidios, que releva el IIEP, de UBA Conicet, acumuló hasta junio un incremento de 561%, mientras que el IPC subió 150% en el mismo período. El gas natural encabezó los incrementos (1.482%), seguido por el transporte (729%), mientras que el servicio de agua de red subió 343% y la electricidad, 316 por ciento.
La participación de los servicios regulados -educación, luz, gas, transporte, agua, salud y comunicaciones- en una canasta de consumo para una familia tipo se encuentra en los niveles más altos desde junio de 2019 -tras el “tarifazo” de Mauricio Macri y en la previa del congelamiento- resaltó la consultora Eco Go. “No es casualidad que el ingreso disponible de una familia después de pagar los servicios públicos y privados esté todavía por debajo de los niveles previos a la asunción de Milei”, destacó la consultora de marras.
En enero, el promedio de salario privado registrado estaba 3% por debajo de los ingresos necesarios para adquirir la canasta de consumo que releva la Ciudad y marca el umbral para que un hogar de cuatro integrantes sea considerado de clase media. Esa distancia escaló al 5,6% en mayo, según EcoGo, con márgenes aún mayores en empleos informales y de menor calidad.
El incremento de la desocupación estuvo acompañado por un leve aumento en la tasa de actividad (0,2 p.p.) y en la tasa de empleo (0,1 p.p.), lo que refleja una mayor presión sobre el mercado sin una creación suficiente de nuevos puestos. La desocupación afectó especialmente a los jóvenes y a las mujeres: en el grupo etario de 14 a 29 años, la tasa de desempleo aumentó 1,9 puntos porcentuales en mujeres y 1 punto en varones.
La informalidad laboral ascendió a 42% en el primer trimestre, 1,2 puntos porcentuales más que el año anterior. Entre los asalariados, el 36,3% no realizaba aportes de jubilación y, de ese segmento, solo el 17% los hacía por cuenta propia. El avance de los puestos no registrados por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) fue más notorio en trabajadores independientes.
Además, el índice de presión laboral -que considera a desocupados, ocupados que buscan otro empleo y subocupados demandantes- se ubicó en 29,7% de la población económicamente activa, con un incremento interanual de 0,2 puntos porcentuales. La mayor presión provino de ocupados demandantes (16,1%), subocupados demandantes (7,0%) y ocupados no demandantes disponibles (5,7 por ciento).
