El gobernador Gustavo Sáenz anunció ayer la marcha atrás en la iniciativa que proponía que los nuevos jubilados del Instituto Provincial de Salud (IPS) pasaran a cobertura de PAMI y que se impusiera el uso de medicamentos genéricos. La decisión se formalizó tras una reunión con gremios estatales en el Grand Bourg, donde Sáenz reconoció que “cometimos un error” al presentar un proyecto que generó “incertidumbre y angustia” en los beneficiarios de la obra social.
El proyecto, ingresado la semana pasada a la Legislatura, buscaba ordenar el entramado normativo del IPS a partir de su creación, regularizar decretos y leyes acumulados y, generacionalmente, derivar a los nuevos jubilados al PAMI. Sin embargo, la falta de claridad en los considerandos y las objeciones de incluso sectores oficialistas llevaron al mandatario a retirar el texto.
Discurso y justificaciones
En un mensaje grabado difundido por Casa de Gobierno, Sáenz subrayó:
“La explicación que di el otro día no fue suficiente. Cometimos un error al mandar un proyecto de ley que no era el espíritu ni estaba en el corazón de este gobernador. Así sea.”
El mandatario explicó que el objetivo inicial era ordenar normativamente al IPS, pero admitió que no se comunicaron correctamente las intenciones. Por ello, adelantó la conformación de una mesa de trabajo entre la Comisión de Salud de la Legislatura, el Ministerio de Salud y el interventor del IPS para buscar soluciones de fondo a la grave situación financiera de la obra social.
Denuncia de sobrefacturación e inequidades
Durante su exposición, Sáenz denunció prácticas irregulares en el sistema de salud provincial:
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Sobrefacturación de clínicas privadas: afirmó que muchas instituciones presentan facturas infladas, lo que “perjudica a los afiliados” y obliga a auditar los servicios para garantizar la atención digna.
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Aumentos de medicamentos: explicó que la última devaluación provocó incrementos de entre el 500 % y el 600 % en los precios de los fármacos, tensionando aún más las finanzas del IPS.
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Inequidad en aportes: señaló que mientras una familia en el sector privado paga entre 600.000 y 900.000 pesos, muchos afiliados al IPS —incluidos jubilados con buenos ingresos— aportan apenas 20.000 o 30.000 pesos, un desequilibrio que “hace insostenible el sistema”.
“>“Todas las obras sociales, un grupo familiar paga entre 600 y 900 mil pesos; en el IPS muchos, y que cobran muy bien, no llegan a pagar 20 mil o 30 mil pesos. Imposible de seguir adelante de esta manera”, sostuvo el gobernador.
Reunión con gremios y respaldo
Ayer, Sáenz se reunió con representantes de sindicatos estatales en el Grand Bourg, donde ratificó la retirada del proyecto y convocó a la mesa técnica. Le acompañaron funcionarios y dirigentes de gremios de trabajadores de la Salud y de la Educación. Entre los asistentes, el secretario general de UDA, Daniel Amidei, afirmó:
“Coincidimos en que hay que reorganizar el IPS, volver a la auditoría que tenía antes. El IPS es una de las mejores obras sociales del país, y los afiliados la sienten como propia.”
Asimismo, Raúl Burgos, de UPES (Unión de Personal de Enfermería de Salta), celebró la medida:
“Nos pareció muy satisfactorio. Era lo que esperábamos: que se retire el proyecto.”
Y Fernando Mazzone, de ADP, destacó la disposición del gobernador a reconocer el error y corregirlo:
“Cuando se comete un error, es loable asumirlo y subsanarlo.”
