La decisión del gobierno provincial de despedir a educadores fue en enero pasado, luego de que continuaran medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales.
Una de los más de 120 docentes cesanteados por el Ministerio de Educación de la provincia de Salta en enero pasado se arrojó ayer al río Bermejo desde el puente carretero de Embarcación (municipio del departamento San Martín). Anoche sus pares se manifestaron por las calles de esa localidad norteña.
Los hechos que involucraron a la docente sucedieron el lunes último. Dos pescadores que vieron cuando la docente se arrojaba al río, se tiraron también ellos al agua y la rescataron. El evento provocó conmoción y al parecer hizo reflotar los reclamos en el sector, ya golpeado por la quita de la quinta hora y su falta de pago.
Docentes del municipio se manifestaron de manera espontánea la noche del lunes tras enterarse de lo acontecido durante esa misma tarde.
No solo fueron docentes cesanteados. En diálogos con medios locales, una maestra activa manifestó que lo acontecido con la docente rescatada “es un llamado de atención para los que estamos activos y que hemos abandonado a nuestros propios compañeros”.
La docente reconoció que los educadores echados por la cartera educativa “no están sin trabajo porque quisieron, o por dejar la escuela y no ir más. Quedaron sin trabajo por visualizar todo lo que las instituciones educativas necesitan y luchar por un salario digno. Lo que pasó ayer es un llamado de atención”, insistió.
Anoche, desde la marcha, Lorena Ibarra, una de las cesanteadas, aclaró a Salta/12 que a través del decreto 264 publicado el lunes en el Boletín Oficial, el gobernador Gustavo Sáenz rechazó todos los recursos de reconsideración que habían elevado los docentes contra el decreto 20 de este año, por el que se dispusieron las cesantías.
La docente que se arrojó al río había iniciado sus trámites jubilatorios y, con la resolución, pasaría a cobrar una jubilación de 380 mil pesos.
“Otros compañeros están vendiendo comida. En mi caso vendo golosinas para sobrevivir. También hay quienes se fueron al sur a buscar trabajo incluso en las cosechas”, contó Ibarra al describir la situación en la que se encuentran.
Anoche la diputada del departamento San Martín, Lucrecia Miller, fue la única que se manifestó por la situación en la sesión de la Cámara de Diputados. “Un docente del departamento San Martín no tiene la oportunidad de tener otro trabajo porque no hay otro trabajo en Tartagal”, dijo. Ante la situación solicitó a sus pares trabajar en “un elemento legal que reconsidere la situación de estos 120 docentes que solo reclamaban una mejora salarial”.
Entre el blooster y la cesantía
Estos docentes realizaron una medida de fuerza que fue visibilizada por la instalación de una carpa en la plaza 9 de Julio de la ciudad de Salta por casi dos años. La estructura fue levantada por una medida judicial a principios de abril de este año.
El lunes en el decreto que ratificó las cesantías, se indicó que “la medida de fuerza a la que refieren las recurrentes fue llevada a cabo por un grupo de docentes aislado o conjunto informal de personal (auto-convocados) sin una entidad gremial que ejerza la representación necesaria en el ejercicio de su pretendido derecho de huelga, por lo tanto, carece de legitimidad”.
“Nosotros estábamos por los boosters sísmicos que están aún sembrados por toda la ruta 86. Pedíamos un aparato que los detecte y los saque porque ponen en peligro a toda la ciudadanía y a quienes íbamos a trabajar… era ir a trabajar con miedo”, dijo Ibarra.
Los explosivos de exploración sísmica fueron sembrados el siglo pasado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Ibarra se desempeñaba en una escuela rural. Describió las malas condiciones en las que los educadores se deben desempeñar en estas instituciones, muchas veces “sin baños, ni ventanas, o la llegada de una copa de leche que para muchos chicos es la única comida del día”.
Añadió que en su caso y el de muchos de sus colegas que fueron despedidos por el gobierno provincial, las faltas injustificadas fueron mal computadas. Y es que por el artículo 88 del decreto 4118 de 1997, se dispone la cesantía cuando hay 10 faltas injustificadas. “En mi caso eran 6, y presenté mi descargo. Pero el gobierno insistió en que tenía 11”, afirmó.
La docente agregó que el mayor problema de estos trabajadores es que además de no cobrar desde enero pasado, no tienen obra social. “Se olvidan que detrás de cada quien hay una familia. Hay docentes que están enfermas y necesitan medicamentos que ahora no pueden comprar”, indicó.
Contó que en su caso por ahora prevé ir a la Justicia para continuar apelando la decisión del gobierno provincial. “Pero vamos a buscar con mi compañero un abogado gratuito, porque no tenemos con qué pagar otro particular”, dijo.
