Desde este lunes, 300 mil afiliados al IPS deberán pagar consultas y cirugías de su bolsillo. ¿El motivo? Un conflicto irresuelto que estalla en plena intervención provincial.
La Sociedad de Cirugía de Salta (S.C.S.) anunció en un duro comunicado la rescisión total de sus contratos con el IPS. 79 cirujanos generales dejarán de atender bajo la obra social, tras meses de reclamos por pagos atrasados y desacuerdos financieros.
“No hay vuelta atrás”, advirtió la S.C.S. en redes sociales. A diferencia de suspensiones anteriores, esta vez los profesionales dieron de baja definitiva sus convenios. Los afiliados ya sienten el golpe: desde la medianoche del 8 de abril, las consultas pasaron a ser 100% particulares.
El IPS, intervenido desde febrero por el gobierno provincial, enfrenta una tormenta perfecta. El interventor Emilio Savoy Uriburu, auditor designado para “sanear” la obra social, ahora lidia con el éxodo masivo de especialistas. ¿Ironía? Mientras prometía “mejorar la eficiencia”, los pacientes quedaron en el limbo.
Testimonios encienden alarmas: “Mi cirugía programada se canceló. Ahora me piden $250.000 por adelantado“, relató María López, afiliada desesperada. Sin opciones, muchos recurren a hospitales públicos, ya colapsados.
La provincia asegura que “trabaja en soluciones”, pero los cirujanos exigen hechos, no promesas. Con el sistema al borde del colapso, la pregunta quema: ¿Quién responderá por los pacientes abandonados?
