El decreto cuestionado establece que el BNA habilita el ingreso de capitales privados. Prohibió toda acción administrativa tendiente a su implementación hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
En su fallo, Ramos Padilla recordó que la propia administración del BNA y el Estado Nacional habían solicitado previamente que se declarara abstracta la cuestión, dado que la privatización había sido descartada durante el debate parlamentario de la Ley Bases. No obstante, la reciente publicación del Decreto 116/2025 reavivo la controversia, lo que llevo a los demandantes a solicitar la intervención de la Justicia.
La decisión judicial establece que el Estado Nacional y el Banco Nación deberán abstenerse de ejecutar cualquier acción tendiente a aplicar el decreto y les otorga un plazo de cinco días para presentar un informe detallando el interés publico comprometido en el caso.
