En un caso que expone la vulnerabilidad de los trabajadores y la complicidad de explotadores locales, la justicia desmanteló una red de trata laboral que afectó a 24 salteños sometidos a condiciones infrahumanas en Nordelta, Tigre. Lo llamativo del caso es que, además de las víctimas, los principales responsables también eran oriundos de Salta, específicamente de Rosario de Lerma.
Una red de explotación laboral fue desmantelada en Nordelta tras una investigación liderada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. El caso involucra a 24 trabajadores salteños que vivían en condiciones infrahumanas mientras participaban en la construcción de un complejo residencial de lujo. Entre los detenidos se encuentran un contratista y un empresario oriundos de Rosario de Lerma, quienes habrían encabezado la organización.
El proyecto, ubicado en un terreno de 6.300 metros cuadrados sobre la ruta 27, incluía 172 unidades residenciales de entre 43 y 185 metros cuadrados. Según los testimonios de las víctimas, hasta 35 personas dormían hacinadas en una misma habitación, en colchones viejos y con comida cruda. Los trabajadores denunciaron que, en un principio, se les ofrecía buena alimentación, pero posteriormente solo recibían polenta. También señalaron que les retenían sus documentos de identidad, lo que les impedía salir incluso a comprar comida, y que sufrían constantes maltratos psicológicos.
Los obreros habían sido captados bajo falsas promesas de empleo desde el norte del país, pero al llegar eran obligados a trabajar jornadas extenuantes de hasta 16 horas diarias, sin acceso a servicios básicos ni salario digno. La denuncia, presentada en junio ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), permitió iniciar una investigación que desenmascaró una red altamente organizada de trata laboral.
El operativo, liderado por la Dirección General Impositiva (DGI) y la Policía Federal Argentina (PFA), incluyó 13 allanamientos en Nordelta, Ramos Mejía, Escobar y otras localidades. Durante los procedimientos se encontraron pruebas contundentes, como armas de fuego, municiones, documentación laboral fraudulenta y vehículos de alta gama, además de 28 millones de pesos en efectivo y otras monedas extranjeras. Las condiciones laborales y de vida de las víctimas fueron calificadas como “inhumanas” en los informes judiciales.
Entre los detenidos se encuentran Carlos Alberto Díaz Chilo, contratista oriundo de Rosario de Lerma; Cristian Sajama, otro contratista que gestionaba las obras; Walter Jorge Mosca, arquitecto y capataz señalado por coaccionar a los trabajadores; y Pablo Gastón Pellegrino, empresario hotelero del Valle de Lerma, quien habría financiado el proyecto. Un quinto implicado continúa prófugo. La jueza Arroyo Salgado también ordenó medidas de protección para los testigos debido a las amenazas recibidas.
El caso dejó al descubierto cómo, incluso en zonas exclusivas como Nordelta, pueden operar redes de explotación laboral con total impunidad. Según los informes, más de 150 personas habrían trabajado en estas condiciones durante más de dos años.
