El presidente electo de Estados Unidos invocará una figura conocida como emergencia nacional, que otorga al mandatario poderes extraordinarios, con el fin de aplicar sus planes de deportación masiva
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que utilizará a las Fuerzas Armadas e invocará una figura conocida como emergencia nacional, que otorga al mandatario poderes extraordinarios, con el fin de aplicar sus planes de deportación masiva de migrantes indocumentados.
La campaña de Trump no ha ofrecido públicamente detalles específicos sobre cómo se ejecutarán estas deportaciones, aunque esa fue una de sus principales promesas durante la campaña electoral.
Para implementar este plan, Trump tiene previsto recurrir a la Ley de Emergencias Nacionales de 1976, que otorga al presidente poderes extraordinarios y le permite esquivar al Congreso para implementar medidas ante lo que debe ser percibido como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
Estas medidas supondrían un cambio significativo en el papel que han desempeñado hasta ahora las Fuerzas Armadas, ya que la legislación estadounidense prohíbe estrictamente el uso del Ejército para labores de vigilancia nacional, según detalla en su web el Brennan Center for Justice.
En Estados Unidos se calcula que residen 11 millones de indocumentados y que estos planes de deportaciones masivas podrían afectar a 20 millones de familias, muchas de ellas con miembros que son ciudadanos estadounidenses, de acuerdo a la organización defensora de los migrantes America’s Voice.
Esas deportaciones podrían costar miles de millones de dólares al año y provocar escasez de mano de obra en sectores clave de la economía que dependen de los migrantes indocumentados, como la agricultura o el sector servicios, según el grupo no partidista American Immigration Council.
El equipo de Donald Trump ha presentado un plan multifacético con el objetivo de ampliar significativamente las deportaciones durante su segundo mandato. Uno de los elementos centrales de la estrategia incluye la construcción de “amplias instalaciones de detención que funcionarán como centros de transferencia”, según explicó Stephen Miller, principal asesor de política migratoria de Trump. Estas instalaciones, administradas por el Departamento de Seguridad Nacional, servirían como espacios donde los migrantes permanecerían mientras se resuelven sus casos y se organizan sus vuelos a otros países.
Un desafío clave para esta operación de deportación masiva es la limitada capacidad actual de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para albergar a un número significativamente mayor de detenidos. El equipo de Trump sostiene que los nuevos campamentos podrían acelerar el proceso de deportación, ya que estiman que más personas optarían por aceptar la expulsión en lugar de iniciar procedimientos legales prolongados si deben permanecer detenidas durante el proceso.
El plan también incluye un aumento del personal de ICE mediante la reasignación temporal de agentes de otras agencias de seguridad y la activación de efectivos de la Guardia Nacional estatal y tropas federales bajo la Ley de Insurrección para hacer cumplir la normativa en suelo nacional. Asimismo, contempla la expansión de las expulsiones rápidas, un proceso que actualmente se aplica a inmigrantes recientes cerca de la frontera, para abarcar a quienes residen en el interior del país y no puedan demostrar que han vivido más de dos años en Estados Unidos.
Otra medida destacada es la propuesta de eliminar el otorgamiento de documentos que certifiquen la ciudadanía, como pasaportes y tarjetas de Seguro Social, a infantes nacidos en territorio estadounidense de padres migrantes indocumentados, con el fin de poner fin a la ciudadanía por nacimiento.
