Sus detractores afirman que la medida fulmina la independencia de poderes. Cuándo habrá elecciones.
México será el primer país del mundo que elegirá a todos sus jueces por voto popular. La ambiciosa reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada por el Congreso, dominado por el partido oficialista Morena, en medio de duras protestas. Sus detractores afirman que la medida fulmina la independencia de poderes.
“Vamos a dar un ejemplo al mundo porque el Poder Judicial, está más que demostrado, no imparte justicia”, aseguró el mandatario. La enmienda tensó las relaciones con los Estados Unidos -principal socio comercial de México- y generó nerviosismo económico.
López Obrador, quien entregará el poder a Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, impulsó la enmienda constitucional en medio de un enfrentamiento con la Corte Suprema, a la que acusa de favorecer la corrupción y a grupos criminales, y de ser la trinchera de la oposición.
Cuáles son los pasos a seguir
Tras la aprobación en ambas cámaras del Congreso, la reforma debe ser avalada por al menos 17 congresos estatales, lo que no parece un obstáculo para el partido Morena y sus aliados, que controlan dos tercios de las gobernaciones.
Luego será promulgada por la presidencia. López Obrador, cuya popularidad supera 70%, sostiene que la Corte carece de facultades para detener la enmienda mediante impugnaciones.
La elección de casi 1600 funcionarios se llevará a cabo en 2025 y 2027 entre candidatos propuestos paritariamente por los poderes Ejecutivo, Legislativo -donde el oficialismo tiene amplias mayorías- y Judicial. Podrán postular los actuales jueces, pero de no hacerlo permanecerían en sus cargos hasta que asuman los elegidos.
La reforma judicial recibió fuertes cuestionamientos
Pero la iniciativa, aprobada el martes en el Senado en medio de duras protestas, recibió fuertes cuestionamientos. Algunos magistrados, Estados Unidos, Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch advierten que la elección por voto popular puede dejar a los jueces a merced de intereses políticos y criminales. Supone la “demolición” del poder judicial, denuncia la presidenta de la Corte, Norma Piña.
La iniciativa tensó las relaciones con Estados Unidos y Canadá, que advierten sobre un daño a la seguridad jurídica en el marco del tratado comercial T-MEC. Consultoras económicas vinculan además los cambios legales con la reciente depreciación del peso frente al dólar, y denuncian preocupaciones de inversionistas frente a la independencia de los jueces.
Los detractores también denuncian que la reforma en realidad pretende eliminar la independencia judicial para instaurar un régimen autoritario y perpetuar a Morena en el poder. Además, advierten que limita la carrera administrativa basada en méritos, si bien la Suprema Corte refiere serios problemas de nepotismo en el poder judicial.
La reforma es cuestionada en particular por Margaret Satterthwaite, relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, quien había llamado a reconsiderarla para salvaguardar la independencia de los magistrados.
