Detuvieron a un reconocido abogado acusado de integrar una red de trata que llevaba mujeres a Colombia para explotarlas sexualmente

Tras dos años de investigación, la Gendarmería Nacional desbarató en los últimos días una red de trata en San Juan con conexiones internacionales. De acuerdo a fuentes oficiales, la organización captaba mujeres en estado de vulnerabilidad mediante engañosas ofertas laborales y posteriormente las llevaban a Colombia para explotarlas sexualmente.

El caso tiene tres detenidos, entre ellos un reconocido abogado de la provincia cuyana. Se trata de Gustavo De la Fuente. Los otros dos sospechosos bajo arresto son un ciudadano de nacionalidad colombiana y otro oriundo de Venezuela.

Los acusados fueron arrestados en seis allanamientos llevados a cabo el pasado 3 de julio por efectivos del cuerpo de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Juan”, en conjunto con otras unidades de la fuerza federal en esa provincia y con la asistencia del personal de la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno provincial y del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas.

En los procedimientos, además, a los sospechosos les incautaron dos autos y elementos de interés para la causa valuados aproximadamente en 120 millones de pesos argentinos.

El caso tiene tres detenidos

Según la investigación, la banda contactaba a las víctimas, especialmente mujeres, a través de redes sociales. Elegían a aquellas que se encontraban en la búsqueda de ofertas laborales. Medios locales especificaron que las atraían diciéndoles que serían parte de la empresa Belle Argentina, para participar de un supuesto estudio de modelaje que, en realidad, vendía contenido erótico. Luego configuraban el traslado. Las fuentes precisaron que, en principio, las llevaban hacia la provincia de La Rioja antes de arribar en Colombia.

Mediante el entrecruzamiento de pistas y el análisis de datos públicos existentes en distintas redes, los investigadores recopilaron información que la organización divulgaba en Internet para la difusión de contenidos eróticos y explícitos cuyas conexiones se establecían vía streaming, casillas de mensajería y servicios exclusivos a los que los usuarios lograban acceder abonando un canon que pagaban con tarjeta de crédito, criptoactivos o medios de pago internacionales.

Las víctimas -hasta el momento hay tres identificadas en la causa- eran sometidas a desempeñar las actividades ordenadas bajo condiciones deplorables, en lugares donde no tenían ni calefacción ni agua caliente. Las obligaban a compartir habitaciones, baño y objetos sexuales sin higienizar. Por supuesto, no contaban con obra social y tampoco con servicio de asistencia médica.

Las víctimas eran explotadas en condiciones deplorables

En el caso interviene el Juzgado Federal N°2 de San Juan, que dispuso el secuestro de elementos de interés para la causa y la detención de los involucrados, en orden a los delitos de explotación sexual y laboral en distintas plataformas digitales. La investigación está en manos del fiscal general Francisco Maldonado.

De la Fuente fue convocado a indagatoria, pero se negó a declarar y quedó detenido en el penal de Chimbas, donde comparte un pabellón destinado a los policías y militares condenados o procesados por robos, droga, delitos sexuales y homicidios. La Justicia ya le rechazó un pedido de excarcelación que había presentado su defensa.

Su caso particular llegó al Poder Legislativo, ya que se había postulado para cubrir cargos judiciales. El vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados de San Juan, Fabián Martín, contó a la prensa local que la terna en la que el conocido letrado participa está siendo investigada por el equipo legal de la Legislatura y que próximamente se resolverán los pasos a seguir.

Gustavo De la Fuente (Foto: captura TV Canal 13 San Juan)

Paralelamente, en relación al rédito económico proveniente de la actividad ilícita, el Juzgado orientó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los sospechosos, con el objetivo de iniciar una investigación financiera y patrimonial por parte del Grupo de Delitos Económicos, que permita establecer la trazabilidad del dinero a través de distintas cuentas y billeteras virtuales.