El máxime tribunal de Justicia de la provincia dictó dos sentencias por el conflicto de poderes que se había planteado durante la gestión de Bettina Romero.
Las dos sentencias se plantearon en marco del conflicto de poderes generado entre el Ente Regulador de los Servicios Públicos y la Municipalidad de Salta, durante la gestión de Bettina Romero.
Además, se rechazó la acción de amparo que la comuna capitalina había presentado contra decisiones del órgano de control, decidió mantener vigentes la Orden Regulatoria 11/22 y las Resoluciones 729/22, 789/22 y 933/22.
El conflicto se generó por el doble cobro de impuestos durante la gestión de Bettina Romero en donde había más de suministro de energía eléctrica. Allí se vieron afectados 17.340 catastros.
La Corte de Justicia consideró que había exceso al incluir al Impuesto Inmobiliario y la Tasa de Prevención y Protección de Bienes y Personas en la factura de este servicio.
Dentro de las medidas que dispuso el Ente Regulador figuran como relevantes la consolidación del derecho a información adecuada y veraz de los usuarios del servicio que habían sido sometidos a confusión con la creación de “parcelas urbanas transitorias” y, también, la posibilidad de que los usuarios separen la factura del servicio de energía eléctrica de cualquier otro concepto o rubro anexado.
