Muertes que se ocultaron, destrucción de pruebas clave, abandono de personas y hasta un diagnóstico sin los exámenes clínicos correspondientes, componen el peregrinar médico y judicial de un voluntario que prestó su cuerpo para ayudar a otros.
Así lo denuncia el Dr. Augusto Roux, un voluntario que, al momento de ser atendido en el hospital Argerich en el marco de la pandemia por el COVID-19, contaba con 36 años. Mientras se presentaba como voluntario del ensayo de la vacuna que Pfizer, inoculó a cientos de personas en Argentina, pero en algunos ocasiones, la experiencia no terminó de la mejor manera.
Su caso, que llegó a la Justicia, parece destapar una olla con múltiples y graves condimentos que, de comprobarse, darían con un entramado de ocultamiento de datos, corrupción y abandono de pacientes.
Roux denuncia a los que aplican y fabrican la vacuna que afecta la salud o mata como se demuestra fehacientemente mediante estadísticas.
Los denunciados son el doctor Fernando Polack, médico pediatra del hospital militar; Alejandra Gurtman, representante legal del ensayo del laboratorio Pfizer en nuestro país durante 2020; y la médica de ANMAT, Nélida Agustina Bissio. Todos ellos son acusados de encubrir reacciones adversas, ocultar estadísticas de fallecidos a causa de la vacuna e “inventar” diagnósticos clínicos sin pruebas.
Los hechos se remontan a fines de agosto de 2020, en plena cuarentena estricta, cuando Roux fue admitido como voluntario de Pfizer luego de pasar las instancias de prueba psico-físicas exigidas, según consta en el expediente del hospital militar Cosme Argerich, lugar elegido para la experiencia.
Luego de las inoculaciones de las dos dosis de Pfizer -con diferencia de pocos días- a un paciente que presentaba un buen estado de salud general, Roux se presentó en el Argerich aduciendo un “cuadro clínico de fiebre, seis mialgias, cefalea y malestar general como síndrome febril secundario a reactogenicida severa relacionada al producto en investigación”.
Luego de varios estudios, que incluyó una tomografía computada, y los análisis correspondientes para comprobar anticuerpos de COVID-19, se descartó que el paciente presentara efectos adversos acordes a los previstos. Esto fue así pese a que presentaba un cuadro de “ansiedad severa”, aunque éste fue desestimado por los profesionales actuantes.
Esto llevó a un hecho insólito, según consta en la denuncia: “Las evoluciones del Evento Adverso 2 ‘Ansiedad Severa’ del 21/OCT/2020 de la doctora María Alejandra Neira, y del 30 de octubre de 2020 del doctor Fernando Polack no deben ser cargadas en el CRF ya que el voluntario retiró su consentimiento para seguir participando en el estudio el 23 de septiembre de 2020, en ese momento el evento se encontraba en curso y su status era no resuelto/no recuperado”. Es decir, que ocultaron información valiosa no solo para su estado de su salud, sino para otros posibles casos similares. Previamente había presentado un cuadro de “náuseas, mareos y un color de orina más oscuro”, que fueron descartados luego de la realización de una tomografía computada en la que no se observaron problemas pulmonares, descartando la enfermedad de COVID.
Sin embargo, días después, y para su sorpresa, se encontró con que “en opinión del investigador, no había ninguna posibilidad razonable de que la ansiedad y la sospecha de COVID-19 estuvieran relacionadas con la intervención del estudio. ¡Se consideró que la ansiedad estaba relacionada con características constitutivas! Y se sospechó que la COVID-19 era un evento sistémico reactógeno. Pfizer estuvo de acuerdo con la evaluación de causalidad del investigador por sospecha de COVID19”.
Allí comenzó la otra parte de su odisea, a Roux le fue negada la realización de otros estudios clínicos previstos, solicitándole que se comunicara con el investigador a cargo de su caso. Al mismo tiempo que de su historia clínica participaron otros profesionales médicos, violando la ética de confidencialidad del paciente en el contexto del ensayo de una vacuna.
En el marco de una pericarditis aguda, Polack se habría negado a registrar esta problemática de Roux en los registros oficiales. Al tiempo que “grabaciones telefónicas sugieren que ha habido muertos y heridos en la Ciudad de Buenos Aires, centro para este ensayo. Estos deberían haber sido notificados a CIREC, incluso si los investigadores creen que había disposiciones en el ensayo que les permitían legalmente evitar informarlos a Pfizer”.
Bissio, según se desprende del relato de Roux, no solo habría intervenido junto a Polack dando órdenes al hospital Alemán, de donde es paciente el voluntario, acerca de cuáles estudios realizarse o cuáles no, despertando todo tipo de sospechas, sino que también habrían fraguado actas de inspección negando muertos e irregularidades.
Ante los reclamos de Roux en resguardo de su salud, Polack afirmó que el voluntario padecía “una enfermedad constitutiva de salud mental”, sin haber convocado a médicos psiquiátricas que pudieran avalar tal diagnóstico. Esto llevó a la colaboración de Bisio que archivó rápidamente el caso, abandonando al paciente a su propia suerte.
En su peregrinar, el voluntario se presentó ante la ANMAT, donde había denunciado todas estas irregularidades, pero se encontró con que Agustina Bissio había destruido todo el material audiovisual en el que constaban entrevistas entre las partes, incluidas las autoridades de Pfizer, audiencias con Polack y miembros del equipo ensayístico.
Preocupado por su salud, y ante un grave caso de falta de ética profesional, seguido de ocultamiento y destrucción de pruebas, Guillermo Rouz decidió realizar la denuncia por el delito de mala praxis ante la Justicia común, involucrando a la ANMAT, a Polack y a la representante legal de Pfizer, para poder llegar a la verdad luego de años de padecimientos.
