Efecto “no hay plata”: crece el malestar interno por el congelamiento de los sueldos en el Ejecutivo y en el Congreso

“Vamos a cobrar menos que hace dos meses, es un delirio, genera más malhumor. En todo caso que lo descuenten en cuotas”. El que habla es un diputado con una alta exposición mediática que acaba de chequear la liquidación provisoria de su sueldo de marzo y que confirmó por sistema que deberá devolver el aumento que les habían otorgado el mes pasado a los legisladores y que, por pedido de la Casa Rosada, Martín Menem y Victoria Villarruel tuvieron que deshacer con una resolución conjunta, incluso a pesar de la resistencia, pública y privada, que ofreció, sin éxito, la Vicepresidenta.

Algo más de $900.000 es el salario neto que, por ejemplo, un diputado del peronismo tendrá acreditado la semana próxima en su cuenta, más otros casi $200.000 en concepto de “desarraigo”, un plus que reciben aquellos legisladores que son del interior. Es decir, algo más de $1 millón, según la constancia que constató este medio. Muy por debajo del sueldo en torno a los $2,2 millones que percibieron en febrero con el aumento dispuesto por Menem y Villarruel antes de dar la marcha atrás, pero incluso una cifra mucho menor a los $1,7 millones que, en promedio, cobraron en enero.

“Dejar sin efecto, a partir del 1 de enero de 2024, la RC 13/11 suscripta por Amado Boudou y Julián Domínguez, en lo que respecta a la equiparación y movilidad automática de la Dieta, Gastos de Representación y Desarraigo que perciben los diputados y senadores nacionales”, firmaron el presidente de la Cámara baja y la Vicepresidenta el 11 de marzo después de convalidar la actualización salarial de los legisladores junto al aumento al personal legislativo de fines de febrero. Una medida que Javier Milei ordenó desactivar para no alterar la construcción de su relato público de ajuste y “motosierra”. En plena licuación salarial.
Según el economista Matías Surt, de referencia de la Coalición Cívica, desde el 2018 el salario de los diputados había caído un 55% hasta enero. Más que la caída promedio de los trabajadores registrados -en torno al 39%- y en línea con las jubilaciones. La diputada Silvia Lospennato, de hecho, tiene un proyecto presentado para igualar escalas entre los poderes del Estado, y actualizar en base a salarios mínimos y jubilaciones.

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