Los masivos subsidios kirchneristas dejaron en la quiebra a las principales empresas eléctricas e hicieron imposible la inversión en mantenimiento y expansión, por lo que se generó un fuerte desfasaje entre la producción y la demanda que amenaza con dejar a los argentinos sin luz.
El rumbo económico que proponía Sergio Massa y el kirchnerismo avanzaba hacia la destrucción total de la matriz energética argentina, con los mismos resultados que hoy sufren países como Venezuela y Cuba: apagones masivos y un deterioro generalizado en la calidad de los servicios.
Durante los últimos cuatro años, las tarifas energéticas sufrieron atrasos sin precedentes con respecto a la evolución de los precios, y en particular a los precios mayoristas de este mercado. Los precios que fijó el Estado no reflejaron el costo real de los servicios, y esta brecha no fue exitosamente cubierta por subsidios como muchas veces se hace creer.
En consecuencia, los márgenes de las empresas eléctricas desaparecieron y la inversión bruta interna fija en los servicios de distribución de energía se frenó, afectando en última instancia la calidad de los servicios.
De hecho, la inversión no llegó ni siquiera a poder cubrir el desgaste del capital por obsolescencia o por uso intensivo. Los consumidores vieron precios artificialmente bajos en sus boletas mensuales de electricidad, pero a costa de asegurar el colapso de los servicios de energía y ponerse en rumbo a apagones masivos.
La empresa estatal CAMMESA llegó a destinar hasta 104.000 millones de dólares en subsidios energéticos entre 2003 y 2023, un costo absolutamente sideral que se pagó con emisión monetaria, que en definitiva pagó la ciudadanía vía inflación. Pero ni siquiera con todo ese dinero se logró compensar la brecha entre el costo real de los servicios y las tarifas atrasadas.
Todas las distribuidoras eléctricas del país incurrieron en graves problemas para hacer frente a sus obligaciones crediticias, incluyendo firmas como por ejemplo Edesur, Edenor, Edea, Edesa, Emsa, y Eden SA, entre decenas de distribuidoras más a lo largo y ancho del país.
El Gobierno del Presidente Javier Milei se dispuso inmediatamente a atender la crisis energética que dejó el kirchnerismo, para poder defender el acceso de los argentinos a este servicio tan básico e indispensable. A estos efectos, se llevó a cabo la Audiencia Pública para la adecuación de los cuadros tarifarios de distribución de energía eléctrica en el AMBA.
Se establecieron cuatro parámetros específicos para atacar la crisis energética y garantizar los servicios:
- 1) Readecuar la estructura tarifaria
- 2) Reasignación de subsidios (priorizando proteger a los que menos tienen)
- 3) Realizar revisión tarifaria cada cinco años
- 4) Asegurar el suministro eléctrico
El Gobierno volverá a fijar los precios estacionales de acuerdo a las necesidades de las empresas para cubrir sus costos reales, por lo que se eliminarán definitivamente las “tarifas políticas” sobre los servicios públicos. La restauración de las señales de precios en los mercados permitirá revitalizar la inversión del sector privado, mejorando la calidad de los servicios y modernizando el sistema para evitar apagones masivos o desperfectos frecuentes.
El Secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo anticipó que será el sector privado el gran protagonista del nuevo programa energético, tanto por empresas locales como por inversores en el exterior. Se buscará volver a revertir el saldo de la balanza energética del país, una meta más que plausible considerando que pudo lograrse durante la década de 1990 siguiendo una política económica similar al que hoy propone relanzar el Gobierno.
