DNU y protocolo antipiquetes: el Gobierno busca dar dos mensajes claros en una fecha simbólica

Mientras que el Presidente promete liberar las fuerzas de la economía con el DNU de desregulación, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich pone a prueba el control de la calle.

El Gobierno ve este miércoles 20 de diciembre como una oportunidad cambiar el paradigma en materia económica y también para demostrar que tiene el control de la calle.

La fecha no parece casual: en un día muy vinculado con la conflictividad y la crisis del 2001, Javier Milei se muestra dispuesto a cambiar la historia con un mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) que promete una desregulación total de la economía. Tal como el DNU derogará decenas de leyes con la intención de sacarle el pie de encima a la producción y liberar las fuerzas de la economía.

Entre otros cambios, el DNU transforma las sociedades del Estado en Sociedades Anónimas; las leyes de empleo público y de comunicación audiovisual; el régimen de obras sociales y también los contratos de alquiler, para que puedan ser en moneda extranjera.

El anuncio de Milei será por la noche, en cadena nacional. Unas horas antes, Patricia Bullrich pondrá a prueba su nuevo protocolo e intentará demostrar que se terminó la era de los piquetes en la Argentina. La ministra de Seguridad quiere ser clara en la dureza y en la firmeza con que pretende aplicar el protocolo: quien quiera protestar puede hacerlo, pero sobre la vereda, sin cortar el tránsito.

Bullrich plantea que impedir la libre circulación es un delito tipificado en el Código Penal; algo indudablemente cierto, pero que hasta ahora nadie lo hizo valer desde la autoridad. “El que corta no cobra”, fue la advertencia de los últimos días a los beneficiarios de los planes sociales. Además, podrían imputarlos por cometer un delito.

“La decisión es volver al orden en la Argentina, hoy se terminan los piquetes”, señaló Bullrich por la mañana, mientras confirmó que recibieron alrededor de 5000 denuncias por “amenazas” de piqueteros que obligan a beneficiarios de los planes sociales a asistir a la movilización.