La asociación ilícita que bancó la 𝙍𝙚𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖 𝘾𝙤𝙣𝙨𝙩𝙞𝙩𝙪𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨, está encabezada por 𝙍𝙪𝙗𝙚𝙣 𝙍𝙞𝙫𝙖𝙧𝙤𝙡𝙖 presidente del PJ local (que también es dueño del diario 𝙀𝙡 𝙏𝙧𝙞𝙗𝙪𝙣𝙤), conjuntamente con la familia y funcionarios amigos del gobernador, que controlan el negocio del litio, el cannabis industrial (y el otro), el oro, la plata, el cobre y ahora busca quedarse con el agua y la tierra de las comunidades originarias.
(La reforma impulsa la sanción de una ley especial que determine “las condiciones para el 𝙙𝙚𝙨𝙖𝙡𝙤𝙟𝙤 y para que los titulares del derecho de propiedad afectado la ejerzan 𝙙𝙚 𝙢𝙖𝙣𝙚𝙧𝙖 𝙞𝙣𝙢𝙚𝙙𝙞𝙖𝙩𝙖, aun cuando los autores de la ocupación no consentida, se atribuyan la representación o los derechos del pueblo… Clarito, no?).
𝙍𝙞𝙫𝙖𝙧𝙤𝙡𝙖, además de ser dueño del principal medio de comunicación local, también preside el Bloque Legislativo y es titular de un PJ local denunciado por expulsar a 30.000 afiliados que no se alinearon con sus negociados.
(Nota: desde Jujuy se ha pedido la intervención del partido, pero desde las bases nacionales no se ha tomado ninguna decisión).
Además es dueño y gerente de una distribuidora de bebidas alcohólicas (Cerveza Norte)
También es proveedor del estado provincial a través de múltiples empresas que se dedican a una variedad de rubros, incluidos la recolección de residuos (empresa LIMSA, tambien acusada por contaminación), la salud (empresa Maternoa SRL, etc) y los medios de comunicación mencionados (malditas pautas).
A pesar que Jujuy este año se convertirá en la 𝙋𝙧𝙤𝙫𝙞𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙉ú𝙢𝙚𝙧𝙤 𝙐𝙣𝙤 del país en exportación minera, la situación de los trabajadores públicos (docentes, personal de salud, administración, seguridad, etc) se asemeja a una 𝙚𝙭𝙥𝙡𝙤𝙩𝙖𝙘𝙞ó𝙣 𝙡𝙖𝙗𝙤𝙧𝙖𝙡 debido a sus magros salarios y a sus precarias condiciones.
(Jujuy es una de las dos provincias con menor nivel salarial de los trabajadores del estado. En promedio, los sueldos rondan los 50.000 pesos).
He aquí el porqué de los masivos reclamos del sector de trabajadores públicos a Morales.
Como les venía contando, la #MafiaJujeña está respaldada judicialmente con el cortesano 𝘾𝙖𝙧𝙡𝙤𝙨 𝙍𝙤𝙨𝙚𝙣𝙠𝙧𝙖𝙣𝙩𝙯, por funcionarios judiciales locales nombrados por Morales (la reforma incluyó el nombramiento directo de jueces por el Ejecutivo, la creación de un Consejo de la Magistratura con mayoría oficialista y jueces vitalicios adictos a Morales), y con 𝙍𝙞𝙘𝙖𝙧𝙙𝙤 𝙂𝙞𝙡 𝙇𝙖𝙫𝙚𝙙𝙧𝙖, uno de los referentes jurídicos del 𝙋𝙍𝙊 (hoy también preside el Colegio de Abogados de CABA) y 𝙀𝙇 𝘼𝙐𝙏𝙊𝙍 del texto de reforma constitucional jujeño (Si, si… la reforma jujeña se diseñó en CABA).
La conformación mafiosa se completa con la creación de un dispositivo de seguridad, que concentra a un poder de 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙘í𝙖 que despliega 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙡𝙞𝙜𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙞𝙡𝙚𝙜𝙖𝙡, 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙚𝙘𝙪𝙘𝙞ó𝙣, 𝙮 𝙨𝙪𝙥𝙧𝙚𝙨𝙞ó𝙣 𝙙𝙚 𝙙𝙚𝙧𝙚𝙘𝙝𝙤𝙨, sumado a un blindaje mediático producto de su “asociación” con los medios locales más importantes.
Todo un aparato que se desarrolló para la descalificación y persecución local de opositores, de rivales comerciales y de competencia mediática.
A esto súmenle, el negocio inmobiliario, la construcción de edificios de lujo, el negocio del juego (casinos), los bancos, las financieras, el narcotráfico y el contrabando (solo de Litio en 2021, se “declaró” la exportación de 3100 millones de dólares, cuando en realidad fueron exportados 11.000 millones US. Mejor ni te cuento del cannabis y el oro).
Compatriotas… en Jujuy se ha puesto en marcha un modelo de represión popular para el acallamiento opositor, el ocultamiento y la continuidad de un sistema de ajuste, explotación, saqueo y negociados políticos.
Ahora, díganme si no les hace acordar al modus operandi macrista…
Ojo que queda poco tiempo para que la gilada se avive, así que den una mano y ayuden a que muchos más, se enteren como viene la mano.
#JujuyDePie
