El reclamo lo hizo la edil Valeria Rodríguez, de Avanza Libertad. “Las inoculaciones son altamente sospechadas de poseer partículas magnéticas”, dijo.
Una concejal bahiense pidió que los principales organismos públicos de la salud bahienses y regionales incauten y analicen las vacunas bivalentes contra el COVID-19 que llegaron al Sudoeste Bonaerense, ante “la cada vez más creciente evidencia científica de efectos adversos que podrían estar relacionados con contenidos no declarados y que resultarían tóxicos para el organismo humano”.
El proyecto, que fue presentado desde el bloque de Avanza Libertad, particularmente por la edil Valeria Rodríguez, reclama que se tomen muestras de las 5.720 viales llegadas a nuestra ciudad y que profesionales locales o de otros puntos del país realicen los estudios necesarios para saber si son perjudiciales para la salud.
“Las inoculaciones son altamente sospechadas de poseer partículas magnéticas”, manifestó.
Además, acusó -sin dar nombres- a “funcionarios indolentes al mando de una gestión sanitaria que lejos de proteger la salud, asegura nuevas patologías”.
Particularmente, el proyecto solicita que tanto la secretaría de Salud del Municipio y Región Sanitaria I procedan al secuestro de viales de las denominadas vacunas bivalentes llegadas a Bahía Blanca denominadas Comirnaty Bivalente Original/Omicron BA.4-5 del laboratorio Pfizer/BioNtech.
En este marco, se apartarían diez unidades por lote, tomando muestras de al menos dos lotes, al azar y guardando las medidas de seguridad y conservación requeridas para evitar la pérdida de la cadena de frío. También solicita que se destine personal del municipio para garantizar la necesaria “custodia para el traslado de las muestras a los distintos destinos, para su posterior análisis”.
Los estudios deberán expedirse sobre lo siguiente: verificar los diversos tamaños de partículas (distribución) que se encuentran en las muestras; si la distribución del tamaño de partícula cumple con lo declarado por los distintos fabricantes; identificar sustancias sólidas en las muestras provistas e informar sobre su toxicidad; informar sobre cualquier otro dato de interés relacionado con el objeto de la investigación.
También se requiere “identificar y analizar el material genético declarado por los distintos fabricantes, e informar sobre cualquier otro dato de interés relacionado con el objeto de la investigación”.
Además, considera que si en la ciudad no existen profesionales, expertos y equipos adecuados para llevar a cabo este estudio, se recurra a otros con experiencia probada en este protocolo. Para ello, también sugiere un listado de científicos de otros lugares del país, pertenecientes a entes e instituciones científicas de primer nivel, que podrían llevar a cabo una “colaboración interdisciplinaria”.
“Las evidencias indisimulables requieren que las dudas razonables sobre contenido perjudicial para el humano en las inoculaciones sean aclaradas. Muchos ciudadanos bahienses, profesionales de la salud y del derecho, están en alerta, y no están dispuestos a perder su vida en manos de funcionarios indolentes al mando de una gestión sanitaria que lejos de proteger la salud, asegura nuevas patologías; lo que no solo es inconstitucional, sino amoral”, afirmó.
Al respecto, la concejala asegura que “no se puede seguir no hablando de efectos adversos pues existen”. También aclaró que no se trata de plantear si las vacunas realmente sirven, sino que es una cuestión de control de contenidos.
“Inconstitucionalidad alarmante”
Según el proyecto, que hasta la mañana de hoy no era conocido por los referentes de Salud municipal ni concejales de otros bloques, “la urgencia y la emergencia sanitaria ante la COVID-19 convalidaron un atropello masivo a nivel mundial de las libertades individuales, como si las personas no hubiéramos existido para tomar la mejor decisión sobre nuestra propia salud y nuestro propio cuerpo”.
Además, apunta a “los medios, las corporaciones y la política” que se alzaron por encima de cualquier voz disidente a contramano de la OMS y los constantes DNU del presidente de la Nación.
Rodríguez afirma también que “existe una comunidad nacional e internacional de ciudadanos, profesionales de la salud, biólogos, ingenieros, abogados, que se ha consolidado como referente para alertar sobre la aparición cada vez más frecuente de efectos adversos a partir de la inoculación contra el coronavirus”.
“Quienes tenemos una responsabilidad pública no podemos ser cómplices de ningún avasallamiento a las libertades individuales, aún en estado de emergencia, pues el remedio a veces es peor que la enfermedad”, aseguró.
En ese sentido, remarca que “frente al desconocimiento aceptamos un marco de aprobación de emergencia y estrategia sanitaria, y nos dejamos inocular con un experimento bajo una inconstitucionalidad alarmante no percibida entre la ciudadanía”.
“Los viales nunca fueron analizados por la ANMAT, que tiene la obligación de hacerlo. Así se vulneran derechos que protegen nuestra decisión sobre aquello que incorporamos a nuestro organismo. Se insiste en la dosis de refuerzo de inoculaciones de procedencia del laboratorio Pfizer, ajenos al escándalo de corrupción que saltó sobre el mismo y que hoy, por este motivo, debe dar respuestas públicas tanto en Estados Unidos como en otros países”, manifestó.
Cabe destacar que la edil Valeria Rodríguez fue entrevistada por Canal 7 Salta , el 30 de Enero pasado donde expuso el proyecto antes mencionado.
