La justicia tomó intervención luego de que una mujer perteneciente al claustro de las Carmelitas diera aviso a su familia mendocina que quería abandonar el Convento San Bernardo, pero no la dejaban. Las miradas apuntan a María Livia y su esposo, a quienes testigos presenciales vieron pasar como si nada por el lugar luego de que se labrara la orden de allanamiento.
El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio labró una orden de allanamiento y la justicia ingresó al convento para rescatar a una monja que era privada de su libertad.
Según consta en las actuaciones, los primeros días de diciembre las autoridades religiosas informaron que para autorizar la salida el Vaticano debía expedirse, sin embargo cuando llegó la documentación tampoco se le permitió abandonar el convento. La damnificada dio aviso a familiares, oriundos de Mendoza, y estos se pusieron en contacto con la justicia salteña para dar aviso de la grave situación, ya que también se le impedía verlos.
De este modo la fiscalía envío el miércoles a auxiliares fiscales pero también fueron rechazados y no se puedo recibir la notificación de la justicia, motivo por el que se labró una orden de allanamiento para el convento. Con la intervención de la fuerza pública y la colaboración de Bomberos, se logró ingresar al edificio sin forzar el acceso y rescatar que a la mujer, que luego de una entrevista con las autoridades ratificó su deseo de abandonar el lugar.
La denuncia contra las autoridades del monasterio fue presentada por la hermana de una monja que lleva 31 años en la clausura, con el patrocinio del abogado Guillermo Alberto. El letrado confirmó a este medio que en el texto se planteó que la religiosa venía insistiendo en que quería abandonar el lugar, pero no se lo permitían y le fueron dificultando los contactos con la familia.
Cuando los bomberos y la policía se aprestaban a ingresar por los techos al convento, se presentó el abogado José Viola, quien patrocina a las monjas en la causa contra el arzobispo Cargnello. Fue advertido por la Justicia de la necesidad de que dejaran hacer la entrevista con la religiosa que quería retirarse.
“Me quiero ir de acá”, fue la respuesta que recibió la comisión cuando conversó con la monja. Se retiró y le entregaron sus pertenencias en una bolsa de consorcio. En septiembre pasado, otra religiosa pidió abandonar el monasterio y también se fue.
En el texto de la denuncia se hace referencia a diferentes tipos de “irregularidades” en el trato. La monja que dejó el lugar transitó un cáncer y venía pidiendo tener un contacto más fluido con su familia, así como más facilidades de atención médica; por eso quería dejar la clausura.
“No debe existir trámite canónico para dejar la clausura –precisa Alberto–. Por más claustro que exista, siempre está presente la voluntad o no de permanecer. Hace una semana directamente su familia no pudo tener más contacto, por eso la denuncia”.
Si bien la religiosa que abandonó el convento habló con las secretarias del juzgado, será convocada a una ampliación de declaratoria y no se descarta que pueda haber imputaciones.
