Las compañías investigadas siguen ganando la mayoría de concursos públicos a la espera de que se celebre el juicio en la Audiencia Nacional.
Se hacían llamar el “Grupo 6” y durante 20 años dominaron las contrataciones públicas de aeronaves destinadas a la extinción de incendios forestales en España. Lo hicieron con el PP, el PSOE y CIU.
La organización, constituida por un grupo de empresas del sector de la aviación y apoyados por funcionarios y políticos de diversas administraciones y partidos, logró influir en el precio final de los contratos.
El funcionamiento de este grupo fue estable y permanente en el tiempo.
A través de pactos clandestinos, muchos de ellos cerrados durante la celebración de cacerías en Andalucía y Castilla-La Mancha, imponían a las administraciones precios superiores por el uso de aviones en los incendios.
La investigación ha acreditado que se pudieron concertar contratos por al menos 151 millones de euros y la trama se extendió por Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Castilla-La Mancha o Cataluña.
