Preocupante realidad en donde se atenta contra la democracia y los derechos ciudadanos en la provincia de Jujuy, el abogado Sodero se niega a declarar sobre sus fundamentos para rechazar el planteo formulado por un grupo de ciudadanos jujeños representados por el abogado Héctor Hugo Ponce en donde amparados en los derechos consagrados en la constitución nacional y la provincial y las leyes vigentes piden ser excluidos de la vacunación obligatoria (que como es sabido es de contenido desconocido y de efectos inciertos y dañosos) y la anulación del pase sanitario.
El gobierno apela al absurdo de salirse del tema legal y discutir con argumentos sociales dejando de lado el carácter jurídico que debe tener la autoridad provincial representada por el abogado dependiente de la procuraduría general de la provincia.
Aquí la entrevista al Dr. Héctor Hugo Ponce donde afirma el atropello a los derechos de los ciudadanos por parte del estado, “la obligatoriedad de la vacunación y del pase sanitario es un acto inconstitucional“.
Al final del video se ve como el abogado del gobierno, el Dr. Sodero, elude a las preguntas de nuestro periodista, revelando la falta de sustento de la posición del estado.
El recurso de amparo presentado por los ciudadanos de Jujuy a través de su representante el Dr. Héctor Hugo Ponce.
OK VecinosDeJujuy-c-EstadoPcial.-Minist.Salud.Coe-InterpongoRecursoDeInconstitucionalidad-c-MedidaCautelar-S.T.J
La respuesta del gobierno es tratar de justificar el porque estan bien las leyes y decretos y lo decidido por el COE, pero lo que se discute no es eso, sino el derecho a poder decidir sobre su propio cuerpo, sobre su propia voluntad, el estado bajo ningún tipo de ley en el mundo puede obligar a hacer o tolerar algo que el individuo no quiere, la constitución provincial autoriza interponer un amparo de inconstitucionalidad a lo que el estado a decidido.
Las propias normas del COE y del ministerio indican que no son obligatorias, pero por decisiones propias del gobernador Morales, contradictorias a lo indicado por el COE, obliga a todos los empleados públicos a que tengan que vacunarse, y para poder viajar, tienen que tener el pase sanitario, impiden a los empleados trabajar y de sufrir el descuento de sus haberes en caso de no acceder a la vacunación.
Un acto total de inconstitucionalidad y de violación de todos los derechos humanos.
