Las grúas circulan por el centro de la ciudad de Buenos Aires dejando a su paso un tendal de disgustos. Primero, los dueños de los coches se asustan porque sus autos ya no están estacionados y, después, se enojan porque tendrán que ir hasta una playa de estacionamiento para recuperar el auto y pagar el acarreo más la multa por mal estacionamiento.
Detrás de la operatoria de la grúas – que levantan hasta 14 autos por hora a un costo de $6.525 cada uno – hay un negocio privado que mueve millones, pero que le deja migajas al gobierno porteño. Las distintas gestiones, desde Carlos Grosso hasta Horacio Rodríguez Larreta, no pudieron – o no quisieron – avanzar en dos décadas con una nueva licitación que invierta la ecuación económica en favor del Estado.
La concesión del acarreo en la Ciudad de Buenos Aires está en manos de Dakota SRL y BRD Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria (SAICFI), dos empresas que operan el negocio con el contrato vencido desde hace 21 años. A cargo de los acarreos desde 1990, estas empresas le pagan al gobierno porteño un canon mensual de sólo $55.000 cada una para operar el servicio, según le confirmaron a Infobae fuentes oficiales. El monto está congelado desde 2014 y, hasta hace apenas dos semanas, esa cifra también incluía la concesión de los viejos parquímetros y máquinas tickeadoras para el cobro del estacionamiento medido.
Toda la recaudación por levantar autos en infracción son ingresos para BRD y Dakota, empresa que no presentó balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ) en los últimos 4 años, según corroboró Infobae. En 2021, fueron 125.000 los acarreos realizados por estas dos concesionarias, lo que elevó su facturación a $547 millones, según el cálculo en base a datos oficiales y el costo del acarreo el año pasado. Sin embargo, el gobierno porteño apenas recibió $1,3 millones de esos fondos, el 0,2%.
