La petrolera española Repsol se enfrenta a duros cuestionamientos, del gobierno y de prácticamente todos los sectores del país, a posibles sanciones económicas e incluso penales y a una probable demanda internacional, por el derrame de petróleo en el mar de la costa peruana y por su lenta e ineficiente reacción. El derrame de seis mil barriles de petróleo en las costas de Lima y El Callao, puerto colindante con la capital peruana, ha causado el mayor desastre ecológico en el país en muchos años. También ha sido un duro golpe económico a pescadores artesanales y comerciantes cuyos ingresos giraban alrededor de las 21 playas afectadas y ahora cerradas. El presidente Pedro Castillo ha asegurado que su gobierno no dejará que lo ocurrido quede impune.
Repsol, que opera la principal refinería del país, La Pampilla, sería multada, según las normas, con 138 millones de soles (unos 35 millones de dólares), una cifra considerada menor en comparación al daño causado. Pero esta multa no sería la única sanción. La Fiscalía ha iniciado una investigación a la empresa por el delito de contaminación ambiental, lo que podría terminar en un proceso penal. También se podrían entablar demandas exigiendo indemnización por los millonarios daños causados, incluso a nivel internacional, posibilidad que ha adelantado el ministro de Ambiente, Rubén Ramírez. El buque tanque desde el que se descargaba el petróleo, de bandera italiana, ha sido inmovilizado por las autoridades.
