Salta – Otro pasivo de herencia: La Provincia está a punto de perder un juicio clave y caro

El juicio en tribunales internacionales contra el Estado provincial por parte de Enjasa se acerca a un desenlace negativo. Pamela Calletti y Juan Manuel Urtubey aparecen como principales responsables.

Casinos Austria pide US$62 millones. Es más que un presupuesto del municipio capitalino. Para la defensa argentina, la indemnización no debería superar los US$7 millones. La Provincia recauda cerca de $480 millones al año por el canon que pagan los operadores de casinos, tragamonedas, tómbola y lotería.

Los arbitrajes del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) recobraron su ritmo habitual y muchos quedaron en las últimas semanas a un paso de su resolución.

Entre las ocho causas activas que tiene Argentina en la entidad arbitral con sede en Washington, la millonaria demanda que entabló el grupo Casinos Austria por la licencia de los juegos de azar que le revocaron en Salta en 2013 es la que más cerca está de un veredicto que le podría costar a la Provincia 62 millones de dólares de su coparticipación.

Al cambio de estos días, los conceptos indemnizatorios reclamados por los inversores austríacos superarían los $12.000 millones, cifra que hoy representaría más de un presupuesto general completo del municipio capitalino, si se considera que el Concejo aprobó un total de erogaciones por $10.238 millones para el corriente ejercicio. A escala provincial, más del 10 por ciento del presupuesto.

En agosto de 2013 el Gobierno provincial le revocó a Enjasa, firma controlada por Casinos Austria, la licencia que tenía desde 1999 para explorar los juegos de azar en Salta, con carácter exclusivo, por 30 años.

La medida se apoyó en una resolución con la que el Ente Regulador del Juego de Azar (Enreja) había sancionado a la licenciataria por presuntos incumplimientos a las normas de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, como así también por la subcontratación de otros operadores del juego sin la autorización previa exigida por el artículo 5 de la ley marco 7020.

En 2014, Casinos de Austria llevó su reclamo al Ciadi. Sostuvo que la revocación de la licencia de Enjasa y la posterior transferencia de sus operaciones de juegos de azar y loterías a otras empresas “destruyó” su inversión en Salta. La demandante planteó que la medida atropelló derechos de inversores extranjeros protegidos por el acuerdo bilateral. Esgrimió ante el Ciadi que el Gobierno salteño sobredimensionó las faltas contractuales atribuidas a Enjasa para avanzar con una “expropiación violatoria” del convenio de promoción y protección de inversiones firmado por Argentina y Austria en agosto de 1992.

El 22 de junio de 2018 el tribunal declaró su jurisdicción para arbitrar en la controversia ante un posible incumplimiento de los artículos 2 (trato justo a las inversiones) y 4 (indemnización por medida expropiatoria) del citado tratado bilateral de inversiones.

El 30 de abril de 2014, tras notificar a la entonces presidenta Cristina Fernández sobre la controversia, Casinos de Austria empezó a reclamar una indemnización de más de 200 millones de dólares, pretensión que luego se redujo a US$ 51,9 millones de capital, más otros US$ 10 millones en intereses y costas, aproximadamente, dio a conocer un informe de El Tribuno.

Calletti y Urtubey

La actual candidata a diputada nacional Pamela Calletti, que ahora reparte su tiempo entre giras oficiales, campaña electoral y convención constituyente, tiene como antecedente inmediato haber sido la encargada de defender los intereses de la Provincia en su carácter de Fiscal de Estado, cargo en el que asumió luego del escándalo que precedió su salida como ministra de Justicia y Derechos Humanos del anterior Gobierno provincial.

El desembolso que debería enfrentar Salta ante un inminente resultado adverso del litigio internacional, puede complicar las finanzas públicas provinciales, sobre todo si se tiene en cuenta que la Provincia refinanció los vencimientos de la deuda provincial del Fondo del Bicentenario por no poder afrontar con la liquidez necesaria luego de una prolongada recesión y la crisis por la pandemia.

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