En el pasado mes de septiembre los efectivos de la Seccional Segunda de San Vicente que realizaban un control a un camión de soja sobre la ruta 13 fueron detenidos por orden de un juez. Los dueños de la soja desde el lugar de control se habían comunicado con el juez quien ordenó el levantamiento del control. Si te indigna el contrabando de soja lee esta nota donde te contamos como un juez trabaja a disposición de los “productores”.
El contrabando sojero a esta altura desplazó al negocio ilícito del tráfico de droga de cocaína, esto lo había manifestado la ex ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic.
Tanto es así que en el día de ayer pusimos de manifiesto EnOrsai como es la organización y la super estructura puesta a disposición para el contrabando sojero. La verdadera ruta del dinero en la cual los productores sojeros evaden impuestos.
Pero en esta organización donde participan camioneros, talleres clandestinos de almacenamiento, trabajadores de embolse, cargadores en los puertos clandestinos, canoeros, etc. es fundamental la “protección” necesaria para que los granos lleguen a Paraguay o Brasil.
Hoy vamos a prestar atención a un caso increíble, por la impunidad y la protección mediática para que esto no sea conocido más que en la zona donde ocurrieron los hechos.
Los medios locales relatan que el jueves 23 de septiembre cinco efectivos de la Seccional Segunda de la Unidad Regional VIII fueron demorados en la localidad de San Vicente (Misiones) por orden del juez de Instrucción local, Gerardo Casco, por haber desplegado un operativo sobre la ruta provincial 13.
En el mismo se realizaban el controles de documentación a los camiones. El problema sobrevino con el control de un camión que llevaba una carga de soja.
Cuando se realizaba el control, arribaron al lugar dos hombres que se presentaron como los dueños de la carga. Estas personas cuestionaron el procedimiento realizado por los policías y en el momento se comunicaron telefónicamente con el juez Casco.
Los productores sojeros de esta manera consiguieron que el juez ordene el levantamiento completo del control y que se acercara hasta el lugar de los hechos en persona.
El magistrado de esta manera dispuso que los cuatro uniformados que estaban en la calle, sumado a la oficial auxiliar y jefa de la comisaría interviniente sean demorados en una seccional.
El magistrado, amigo de los sojeros, ordenó el traslado de los efectivos hasta la comisaría, donde se les retuvo las armas reglamentarias y quedaron en calidad de demorados.
Para mayor indignación el chofer del camión Scania y el propietario de la carga de soja, formalizaron la denuncia en contra los policías.
Esto motivó a que los policías presentaron un pedido de jury contra el magistrado denunciándolo por abuso de poder y maltrato ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de Misiones.
De acuerdo a lo informado por voceros judiciales consultados por medios locales, la presentación escrita lleva la firma de dos de los efectivos implicados en el mencionado procedimiento, quienes en representación de sus camaradas cuestionaron el accionar de Casco y defendieron las actuaciones policiales realizadas durante su intervención.
La denuncia de 14 fojas cuenta con distintas documentaciones adjuntas, entre soportes fílmicos, audios y chats de WhatsApp que – según los uniformados- son de suma importancia para el aval de la presentación.
De esta manera, la Jefa de la seccional Segunda de San Vicente, oficial auxiliar, María Eugenia Miranda y el oficial ayudante, Marcos Rosendo Katz, acompañado del Comisario, Sergio Benítez, Asesor Jurídico Dirección General de Seguridad, de la Policía de Misiones, ratificaron la denuncia presentada ante la Justicia.
HACETE AMIGO DEL JUEZ
El texto está extraído del portal ElTerritorio.com.ar quienes hicieron pública esta noticia y la transcribimos textualmente para no alterar el relato.
“El operativo que originó la polémica en San Vicente sucedió el jueves 23 de septiembre. Esa noche, cerca de las 21, efectivos de la Comisaría Segunda realizaban un control de tránsito rutinario sobre la ruta provincial 13, a la altura del kilómetro 48, y al lugar arribó un camión modelo Scania 340G transportando una carga de soja.
Cuatro uniformados que estaban apostados sobre la ruta procedieron a realizar un control del rodado y de la documentación de la carga, para lo cual se articularon los mecanismos de comunicación con el policía fiscal de Agencia Tributaria Misiones (ATM).
Mientras se aguardaba la respuesta de parte de ATM, la marcha del camión conducido por un joven de 25 años fue interrumpida, pero en esa instancia arribaron al lugar dos hombres que se presentaron como dueños de la carga, quienes aparentemente cuestionaron el procedimiento y se comunicaron telefónicamente con el juez Casco.
Al cabo de unos minutos, la respuesta de ATM llegó y el resultado fue que las documentaciones de la carga estaban en regla, por lo que el camión volvió a ser liberado para que continúe viaje hacia la localidad de El Soberbio.
El Juez Casco, quien detuvo a los policías que realizaban controles a los camiones sojeros.
Lejos de quedar ahí el tema, un rato más tarde llegó al lugar el propio Casco, quien anteriormente y por vía telefónica habría consultado con las autoridades de la Unidad Regional VIII si existían directivas para realizar el control sobre la ruta provincial 13.
Según fuentes consultadas por este medio, en esa misma comunicación telefónica el magistrado ordenó la presencia en el lugar de una autoridad policial y del personal de la Brigada de Investigaciones.
Por ello, al puesto acudió entonces el subjefe de UR, el comisario inspector Bruno Duarte, a quien se le dio directivas de levantar completamente el control.
A su vez, el magistrado también dispuso que los cuatro uniformados que estaban en la calle, sumado a la oficial auxiliar y jefa de la comisaría interviniente sean demorados en una seccional. En ese acto también se les secuestró sus armas reglamentarias.
En esa instancia, el subjefe de la UR no acató la orden al no comprender la finalidad de la medida y el juez habría deslizado la posibilidad de pedir la intervención de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en el hecho.
Por consiguiente, los efectivos implicados en el procedimiento fueron trasladados hasta la Comisaría Primera, mientras que el dueño de la carga y el chofer fueron hasta la sede de la Unidad Regional bajo la recomendación de radicar una denuncia.
Sin embargo, en la presentación o exposición, el conductor del camión no refirió haber sufrido ninguna irregularidad e incluso manifestó que fue bien atendido por los uniformados.
Las actuaciones fueron enviadas al magistrado, quien al constatar que no existía comisión de delito alguno ordenó que las medidas quedasen sin efecto y se levantara “la retención” de los uniformados.”
