Artículo 38 de la Constitución de la República de Panamá:
“Los habitantes de la República tienen derecho a reunirse pacíficamente y sin armas para fines lícitos. Las manifestaciones o reuniones al aire libre no están sujetas a permiso y solo se requiere para efectuarlas aviso previo a la autoridad administrativa local, con anticipación de veinticuatro horas.”
El dia de hoy, nosotros, ciudadanos panameños y extranjeros residentes de distintas latitudes del país, nos hemos reunido en los predios del Ministerios de Salud bajo los lineamientos dispuestos por nuestras leyes, debido a que nos vemos visto obligados a actuar, ante la constante negligencia y “poca voluntad” por parte del ministerio que se supone debe velar por el bienestar y la salud de su población, lo que está costando la vida de nuestros seres queridos y está afectando directamente nuestra calidad de vida.
Nosotros somos ciudadanos conscientes del acontecer nacional e internacional, pacifistas e informados, con la firme intención de ayudar a la sociedad panameña a salir de la ola de muerte y destrucción causada por el virus del sarsCov-2 o COVID-19, apegados a la ley y a la ciencia, como debe ser. Por lo que exigimos nuestras peticiones y aportes sean tomadas en cuentas, como lo estipula la constitución de la República, en su artículo 116:
“Las comunidades tienen el deber y el derecho de participar en la planificación, ejecución y evaluación de los distintos programas de salud”.
En primera instancia, nos gustaría expresar nuestro profundo descontento con las medidas tiránicas, totalitarias y absurdas, impuestas a la población sin ningún tipo de bases legales o científicas, como los son: encierros, toques de queda, uso de mascarilla obligatoria, etc. Valiéndose de un estado de emergencia inexistente e inconstitucional, por un virus al que sobrevive el 99% de contagiados a nivel global (según datos corregidos por al OMS), para violar de forma arbitraria nuestros derechos fundamentales, como se expresa en la constitución de la Republica y en la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948):
Constitución de la República, Art. 27 – “Toda persona puede puede transitar libremente por el territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia sin más limitaciones que las que impongan las leyes o reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad y migración”
DDHH, Art. 3 – “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
Dicho estado de emergencia, es justificado por las autoridades debido la gran cantidad de “casos positivos” generados por la Pruebas PCR o Hisopado, la cual ha sido declarada ineficiente para detectar específicamente el virus del SarsCov-2, por lo que agencias sanitarias de Suecia, Austria y Tanzania desestimaron su uso, decisión e información respaldada por miles de científicos y abogados a nivel global, entre ellos su inventor, Karry Mullis, el Dr. Javier Sciuto (Bio-Estadística) y el Dr. Renier Fuellmich (reconocido abogado), dado que la misma, es capaz de detectar cualquier virus o rastros de los mismos en el organismo hasta semanas después de la enfermedad, dependiendo de la cantidad de ciclos (CT´s), entre ellos: la extensa familia de virus Corona, Influenza A y B, etc. De allí se deriva la elevada cantidad de “asintomáticos y falsos positivos” (aprox. 97%), que según la ciencia, en teoría no están enfermos, ni pueden contagiar el virus… ¿PANDEMIA DE FALSOS POSITIVOS Y ASINTOMÁTICOS?
Esto demuestra que la utilización de las pruebas PCR se está dando presuntamente de manera fraudulenta por las autoridades sanitarias del país, puesto que se pueden modular la cantidad de ciclos (CT´s), para obtener los resultados requeridos que justifiquen un encierro, por lo que exigimos que el Ministerio de Salud deje de utilizar las mismas para la detección de casos positivos.
¿Cuál es el objetivo a nivel económico? ¿Para qué encerrar a todo un país?
Para entender mejor este entramado internacional de proporciones históricas, es necesario unir distintas aristas de la situación en cuestión.
El primero de ellos es que, uno de los requisitos para que el gobierno nacional reciba prestamos multimillonarios por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), con casi ningún requisito, para “costear” los gastos de la emergencia producida por la “pandemia”, es que la población esté recluida. Información que reveló el presidente de Bielorrusia en 2020 y que nuestro gobierno se ha negado a proveer.
Estos encierros premeditados, a su vez, provocan la quiebra sistemática de la economía y desaparición de la clase media, obligando a las personas cesantes a ser dependientes del gobierno nacional (vale digital), lo que llevaría de manera forzada al país y su población a un sistema de gobierno comunista.
SI, Cuba, Venezuela, les suena ?
Otra arista a tomar en cuenta de ésta gran estafa global a la humanidad, es la transferencia de las riquezas a las élites, a través de la esclavización económica (deuda) por medio de los bancos (moratoria) y forzar a la clase media a desprenderse de su patrimonio a bajo costo. Pregunta: ¿Quiénes serán los compradores?
Un ejemplo de este postulado es lo ocurrido en USA, en donde BILL GATES fue reconocido como el mayor tenedor de tierras agrícolas en 2020.
Todo esto, realizado con la intención de llevar a la humanidad a un reseteo monetario y a la creación de un gobierno único global, impulsado por el Foro de Davos o Foro Económico Mundial, que es liderado por las mismas élites y grupos “secretos” que han dominado el mundo de forma hostil y despiadada hasta el momento. Dicha iniciativa inhumana y esclavizante lleva como nombre “AGENDA 2030”, su eslogan “No tendrás nada y serás feliz”, y fue firmada en el periodo del ex presidente Juan Carlos Varela.
La misma se está implementando a través de distintas organizaciones internacionales bajo su control (ONU, OMS, FMI, CDC, BM, etc), que violan nuestra soberanía, integridad y leyes, utilizando la enfermedad del COVID-19 como canal, en complicidad con los medios de comunicación, que son premiados con jugosos contratos y millonarias pautas estatales, propiciadas por el MINSA y gobierno nacional, para difundir información sesgada y censurarla a conveniencia, con el propósito de beneficiar el desenvolvimiento de dicha agenda, en detrimento de las vidas y salud de los habitantes de éste país, como ha sido evidenciado. Lo que es una clara violación a la constitución, en su artículo 89:
“Los medios de comunicación social son instrumentos de información, educación, recreación, difusión cultural y científica. Cuando sean usados para la para la publicidad o la difusión de propaganda, éstas no deben ser contrarias a la salud, la moral, la educación, formación cultural de la sociedad y la conciencia nacional. La ley reglamentará su funcionamiento.”
Luego de analizar las repercusiones económicas y políticas de dicha iniciativa, es necesario exponer también el aspecto científico, para terminar de comprender la magnitud de éste atentado perpetrado en contra de la humanidad.
Iniciamos esta sección, denunciando públicamente la complicidad de los administrativos del MINSA, encargados de la gestión de la pandemia, por actos de corrupción internacional y CRIMENES DE LESA HUMANIDAD, en colusión con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el PCCH (Partido Comunista Chino), quienes enviaron protocolos incorrectos a los distintos países del mundo, luego de las supuestas autopsias realizadas en China y prohibieron al resto de países realizarlas, como uno de los pasos a seguir en dicho protocolo de la muerte, que ha cobrado la vida de miles de personas en todo el mundo. Situación que ya está siendo investigada penalmente en países como USA, Reino Unido, Francia, India, Alemania, debido a la gran cantidad de pruebas que están saliendo a la luz y que vinculan directamente a los funcionarios sanitarios de alto rango de estos países, que estaban a cargo del manejo político de la pandemia.
Este protocolo fue desobedecido por científicos Italianos, seguidos por Alemanes, Españoles, Argentinos, etc. que al horrorizarse con la cantidad de muertes sin control, decidieron realizar sus propias autopsias para detener aquella tragedia. Éstos encontraron que las muertes eran causadas en su mayoría por trombosis, influenza A e influenza B, no encontraron rastro del virus SarsCov2, que hasta el momento no ha sido aislado en ningún país del mundo, y lo más alarmante, es que los ventiladores, contribuían a la muerte prematura de los pacientes, debido a que los pulmones ya afectados por trombosis no son capaces de soportar la cantidad de oxigeno bombardeado a los mismos y colapsan, ocasionando la muerte del paciente.
En contraste a lo antes mencionado, miles de médicos y científicos de todo el mundo, entre ellos Dr, Ricardo Velásquez (COMUSAV), Dr. Andreas Kalcker, Dr. Humberto Torres, Dr. José Castillero y muchos más, han realizado innumerables estudios, que comprueban el hecho de que ya existen tratamientos de probada efectividad, que han ayudado enormemente a aplanar la curva de contagios y muertes en países como India, Bolivia, Perú, Brasil, Italia, Alemania, México, España, etc.
Dichos tratamientos: Solución de Dióxido de Cloro (CDS), Hidroxicloroquina (HCQ) e Ivermectina, fueron propuestos al MINSA por médicos y ciudadanos de nuestro país, junto con los estudios científicos que los respaldan, con el objetivo de frenar el avance de la “pandemia” y recibir medicación apropiada para tratar la enfermedad, en pleno derecho, como lo estipula el artículo 49 de la constitución:
“El estado reconoce y garantiza el derecho de toda persona a obtener bienes y servicios de calidad, información veraz, clara y suficiente sobre las características y el contenido de los bienes y servicios que adquiere; así como a la libertad elección y condiciones de trato equitativo y digno.”
Petición que fue negada e ignorada por nuestras autoridades sanitarias, violando así, una vez más nuestra constitución y la Declaración de Helsinki (1964), que regula la comunidad médica a nivel global.
Con esto, queda demostrado que muchas muertes pudieron ser evitadas, sin mencionar la gran crisis económica ocasionada por las medidas absurdas aplicadas una y otra vez por el MINSA, institución que con pleno conocimiento de la solución, se niega a ejecutarla, lo que convierte a la misma en cómplice de corrupción internacional y CRIMENES DE LESA HUMANDAD. Actuar que ha sido denunciado penalmente ante la Corte Suprema de Justicia, la Corte Internacional Justicia (HAYA), y pronto los denominados Juicios de Nuremberg 2 (vinculantes con todo el mundo) y de los que resultaran sentencias de muerte como ocurrió en 1945, por los campos de concentración NAZI.
Esto nos lleva al análisis de la única cura propuesta por el MINSA, la vacuna COVID-19, cuya naturaleza es de carácter EXPERIMENTAL en fase 3 y 4 (según las propias farmacéuticas), por lo que SOLO recibió una AUTORIZACION DE EMERGENCIA por la FDA, no posee registro sanitario, por ende, no se puede vender, ni recetar y si provoca algún efecto secundario o muerte, las farmacéuticas no se hacen responsables.
Dicha sustancia transgénica experimental, no cumple con las características necesarias para ser distribuida masivamente, debido a que no han culminado las distintas fases de los postulados de Koch que usualmente toman entre 5 y 10 años, además, son “vacunas” de nueva generación, por lo que aún no se terminan de conocer sus efectos secundarios a mediano y largo plazo.
Según cifran oficiales CDC VAERS solo en USA, dicha sustancia ha causado la muerte de más 6000 personas y más de 10000 han desarrollado efectos secundarios. Además, se iniciaron ensayos en menores de edad, cuyo resultado según la CDC, es que hay más jóvenes hospitalizados por la vacuna, que por la enfermedad COVID-19. Misma situación se repite en Reino unido, en donde según datos oficiales, hay 3 veces más personas vacunadas contagiadas con la nueva cepa “Delta”, que los no vacunados. ¿Cuáles son las cifras en Panamá?
Sumando a esto, anexamos a este documento, el análisis vial y análisis de toxicidad de dichas sustancias experimentales, realizados por los científicos españoles Ricardo Delgado Martin y el Prof. Dr. Pablo Campra Madrid, avalado por la Universidad de Almería, en donde se detecta de manera irrefutable nano partículas de OXIDO DE GRAFENO, sustancia nociva para la salud del cuerpo humano, lo que explica las constantes muertes por trombosis y el magnetismo desarrollado por la población vacunada.
Esta información y más, no está siendo facilitada a la población en general, por el Ministerio de Salud, en complicidad con doctores y los medios de comunicación, violando así:
- La ley 68 del 2003, sobre consentimiento informado.
- Constitución de la República de Panamá.
- Declaración de Helsinki (1964)
- Declaración de Bioética y Derechos Humanos (UNESCO, 2015)
- Código de Nuremberg (1946)
Acción que los hace cómplices de EXPERIMENTAR con seres humanos y de genocidio sistemático, sin el debido consentimiento informado, lo que es considerado un CRIMEN DE LESA HUMANIDAD, penado con la muerte, según el Código de Nuremberg.
Por este medio, se les recuerda, que éste tipo de crímenes no prescriben, y que la frase “estaba siguiendo órdenes” no es válida, debido a que en este tipo de juicios, se juzga también su obligación moral individual.
Lógicamente, esto nos lleva a la pregunta, ¿Para qué vacuna experimental, si ya existe tratamiento?
En primero lugar, es un negocio muy lucrativo entre los gobiernos y elites, también desalojan el sistema de pensiones y jubilación, además de que impulsan la parte más macabra de toda esta agenda, la despoblación del planeta, que según el Foro Económico Mundial, es una necesidad impostergable.
Como queda evidenciado en este documento, con pleno respaldo legal y científico, nuestro país y el mundo está siendo inducido a un nuevo tipo de dictadura, que hemos denominado como Dictadura Sanitaria, debido a que los tres poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial) están comprometidos y son manipulados a través de este fraude de magnitud colosal, llamado COVID-19. De lo cual ustedes están siendo cómplices de manera consciente o inconsciente.
La avaricia y ansias de poder de nuestro ministro de salud, Luis Sucre, en complot con el gobierno de Nito Cortizo y la mafia farmacéutica, han hecho que nuestro sistema sanitario sucumba ante la presión de organismos internacionales, utilizando nuestras vidas y nuestra salud como moneda de cambio, con el objetivo de continuar con el lucrativo negocio de los préstamos, comisiones y vacunas, para seguir robando a sus anchas, como lo han hecho hasta ahora. Sabiendo que quienes tendrán que pagarlos, será el pueblo, inclusive con sus vidas. Violando así sus obligaciones con el estado, según la Constitución, art. 109:
“Es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República. El individuo, como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico, mental y social”.
Es por todo lo antes expuesto, que EXIGIMOS LA RENUNCIA del ministro de salud LUIS SUCRE y su ministra consejera EYRA RUIZ… Con el propósito de iniciar investigaciones a lo interno de dicho ministerio, y que se realicen las AUTOPSIAS necesarias para conocer la verdadera causa de las muertes en nuestro país.
ES NUESTRO DERECHO SABER LA VERDAD.
Por lo que exhortamos a los funcionarios y administrativos a despertar y reparar todo el daño ocasionado a la población, antes que sea demasiado tarde. De lo contrario nos veremos obligados a aplicar nuestra constitución, en su artículo 310, en pleno derecho:
“La República de Panamá no tendrá ejército. Todos los panameños están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado”.
“PORQUE EL REMEDIO, JAMAS PUEDE SER PEOR QUE LA ENFERMEDAD”
Activistas Independientes por Panamá
Sociedad Civil
