Mediante un protocolo adicional firmado con la Escuela de Trabajo Social se busca generar mecanismos que permitan a los agentes estatales participar de la capacitación.
La rúbrica de un convenio-protocolo adicional que se suma a acuerdos previamente establecidos con la Universidad Católica de Salta, permitirá al Ministerio de Desarrollo Social generar los mecanismos necesarios para que sus agentes reciban una capacitación en el sistema Penal Juvenil. Esta acción se enmarca en las medidas de profesionalización dispuestas para trabajadores que se desempeñan en dispositivos estatales de protección a partir de la iniciativa “Cuidado a los que Cuidan”.
El protocolo adicional fue firmado por la directora de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de dicha institución, Ana Soria, y por la secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, Rosa Araya, durante un acto virtual en el que participó la ministra de Desarrollo Social, Veronica Figueroa. Al respecto, la funcionaria especificó que se busca trabajar con una lógica de dispositivos estatales, con un modelo de hogar, donde se aborde el proyecto de vida: “Es una oportunidad para trabajar con esta población, para acompañar a estos jóvenes, y lograr que se integren a la sociedad”. Y agregó que “se tiene un interés enorme en esta especialización que proponen porque es una herramienta muy valiosa”.
Por su parte, Ana Soria señaló que se trabajará en una perspectiva en la que “la academia que sirve es la involucrada en la sociedad, en el escenario de raigambre”.
Luego, en relación a la diplomatura, indicó que “para trabajar de manera seria, hay que hacerlo desde una perspectiva de derechos humanos, resaltando los aspectos positivos de jóvenes en conflicto con la ley penal, para trabajar las coyunturas que los dejaron en distintas problemáticas”.
Soria sostuvo que la temática requiere de la academia y del Gobierno en un trabajo colaborativo y articulado para el desarrollo de la Diplomatura.
Finalmente, la secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, Rosa Araya, señaló que “la propuesta es que ésta formación especializada pueda llegar a todos nuestros trabajadores”.
Araya explicó que se trata de un proceso de transformación para revisar la competencia adecuada con el fin de “abordar a adolescentes en conflicto con la ley penal y tener una mirada integral, que no implique un juzgamiento, sino poder entender que el adolescente en conflicto con la ley, tiene una vulneración de derechos, que tiene que ser abordada desde el Estado, con una mirada garante de derechos”.
El acuerdo
El nuevo acuerdo se basa en el Convenio Marco de Colaboración y Asistencia Técnica firmado en 2020, que establece las bases de cooperación para fortalecer la protección de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad. En este sentido, busca establecer un sistema de colaboración específica para la promoción, concreción y desarrollo de una “Diplomatura Universitaria en Justicia Juvenil”.
El protocolo adicional rubricado establece que la Secretaría difundirá y promocionará la Diplomatura, mientras que la Escuela ofrecerá a los agentes el acceso a la misma con aranceles diferenciados.
