El Tribunal Electoral y de Garantías analizó las actas de escrutinio recepcionadas con los resultados de las elecciones llevadas a cabo el pasado 3 de abril. El escrutinio permitirá avanzar en la confección del padrón de congresales en un 97 % del total de asambleas habilitadas a participar, conforme al padrón definitivo de comunidades publicado.
Tras la masiva participación en las elecciones comunales del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), el Tribunal Electoral de Garantías realizó hoy una nueva reunión, para evaluar el proceso electoral realizado luego de relevar y recolectar las actas de escrutinio, en vistas a terminar de conformar el padrón de representantes por comunidad habilitados a participar en la elección de vocales del 8 de mayo.
El pasado 3 de abril las comunidades de la provincia pudieron definir mediante diversos métodos eleccionarios quiénes serán los referentes que participarán en la instancia general de mayo, en donde se elegirán vocales por etnia, y posteriormente a quienes encabezarán el Instituto.
De esta forma, continúa el proceso eleccionario, según lo establecido por los decretos 33/21 y 34/21 que determinan los tiempos y la forma en que se realizará la elección o renovación de los vocales, que luego integrarán el órgano directivo del IPPIS.
Se concreta así la decisión política del gobernador Gustavo Sáenz, de proporcionar las herramientas institucionales necesarias para que las comunidades originarias de Salta puedan contar con un Instituto funcionando de acuerdo al marco normativo vigente.
El encuentro fue posible luego de coordinar y recorrer las 445 comunidades ubicadas en distintos municipios de la provincia para recolectar las actas que permitieran contar con la documentación oficial de la elección de las comunidades habilitadas y en condiciones de participar en el comicio.
En este proceso el Tribunal también analizó y resolvió diversas cuestiones y planteos particulares de distinta entidad, que sucedieron durante la jornada electoral.
Tras este análisis, se estableció que prácticamente un 97% de los comicios y/o asambleas llevadas a cabo estarían definidas para la confección del padrón de congresales, mientras que en los casos restantes se resolvió que se llevarán a cabo pedidos de informes a los veedores, constataciones en terreno y en algunos casos se continuará con actividades de recepción de actas realizadas en lugares distantes. Eventualmente el tribunal podrá también disponer otras acciones para aclarar cuestiones a resolver en forma previa al comicio general del 8 de mayo.
Durante la reunión también se repasó el decreto 34/21 que establece que dicho comicio se encuentra sujeto a la situación epidemiológica vigente y a lo dispuesto por el Protocolo de Elecciones aprobado por las autoridades competentes. En este sentido el Tribunal estará a la espera de lo que se disponga a traves del COE atento al avance de la situación sociosanitaria para esa fecha.
La reunión fue encabezada por la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, junto al presidente del Tribunal, el secretario de Gobierno Rodrigo Monzo; el secretario de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almarás y el equipo de su secretaría. Además participaron integrantes de diversas carteras del Gobierno que conforman el órgano de Contralor.
La situación de Iruya
Tras la suspensión de las elecciones comunales en Iruya a principios de mes, ante la creciente cantidad de contagios por Covid-19, el Tribunal resolvió la realización de asambleas en cada comunidad en el momento que éstas lo dispongan, poniendo especial énfasis en las medidas de cuidado sociosanitario.
Con el levantamiento de las actas correspondientes y su verificación éstas se encuentran en condiciones de poder participar en el comicio general. Cabe recordar que la suspensión de actividades sociales en Iruya correspondió a una decisión tomada por el Comité Operativo de Emergencia Municipal a raíz del gran número de casos en la localidad. La entidad había prohibido el 31 de marzo toda actividad que signifique la aglomeración de personas, además de recordar la vigencia de las medidas de prevención sociosanitarias emitidas por Nación.
