Informamos el mes pasado (ver bibliografía) que la provincia de Salta estaba pronta a aprobar una suba de la tarifa eléctrica del 35 por ciento a pedido de EDESA en pleno contexto pandémico. La no adhesión al Decreto 1020 -que prorroga el congelamiento hata marzo-, o en su defecto, la no publicación de normativas provinciales relacionadas a mantener sin aumentos las tarifas de los servicios públicos expone a los usuarios y usuarias a este tipo de injusticias. Lo cierto es que tras una Audiencia Pública no vinculante, el Ente Regulador salteño le otorgó a la empresa una suba del 22 por ciento. Sobre ello dialogamos con Alejandro Nartende, dirigente de la Red de Multisectoriales (Salta). “Somos los esclavos de EDESA”, sentenció.
Un Ente Regulador que escapa a sus genuinas funciones
Pese a que la única prestataria del servicio público eléctrico, EDESA, había solicitado una actualización del 35 por ciento en la tarifa eléctrica, el Ente Regulador salteño (ENRESP) le otorgó un aumento del 21,78 por ciento.
Ante ello, dialogamos con Alejandro Nartende, dirigente de la Red Nacional de Multisectoriales (Salta) quien sostuvo que el “ENRESP dirigido por Carlos Saravia tomó como razón suficiente, pese al rechazo de todos los sectores en la Audiencia Pública, el argumento esgrimido por EDESA para otorgarle un aumento de casi 22 por ciento”.
Un aumento que perjudica al 80 por ciento de los hogares salteños
Esto se traducirá “en una suba promedio de $1500 y $2000 en las facturas residenciales -que se puede calcular mediante el cuadro tarifario vigente publicado por el Ente Regulador (ver imagen)- y perjudicará al 80 por ciento de los usuarios residenciales de la provincia”, agregó el referente.
La suba, además, llega luego de un 2020 complicado desde lo económico y antes del cierre de las paritarias de la administración pública salteña, fuente de ingresos mayoritaria del empleo registrado (salarios de educación, salud y seguridad).
Cabe destacar también la incidencia del sector informal en la economía. En este sentido, Nartende indicó que el trabajo “en blanco” y la industria “son mínimos en una población de 1 millón doscientos mil habitantes, siendo en las ciudades y pueblos del interior una realidad aún más acuciante”.
Vestigios de la mercantilización energética
Consultado por la gestión provincial, manifestó que se trata de “un gobierno macrista y neoliberal. La posición de ellos es permitir que las empresas ganen sin importarles el costo que esto significa para usuarios y usuarias. Están ocupados en el calendario electoral y en la posibilidad de sufrir retracciones en las bancas legislativas. Eso, antes que cuidar a los más desprotegidos del sistema económico”.
Por su parte, la “recomendación” del ENRESP es que “no se proceda al corte del servicio por parte de la empresa y que se le dé al usuario un plan de pagos en cuotas. De ahí en más no hay medidas efectivas de protección para los hogares salteños”, especificó.
Mientras la Audiencia Pública sea “un canal catártico y no gravitante -porque su naturaleza es no ser vinculante-, será un modo de expresión para que los perjudicados ante lo inevitable no hagan más que hacer escuchar sus razones”, reflexionó Nartende.
Y destacó que “no se puede afrontar un tarifazo de esta naturaleza sea cual fuere el monto aprobado ya que es imposible pagar más de lo que se paga luego de un año tan difícil para todos como el 2020 y sin perspectiva de repunte económico en Salta, sobre todo para los hogares más periféricos”.
