A raíz del bloqueo de rutas que impuso el gobierno que encabeza Gildo Insfrán, debido a que decidió regresar a la fase 1 en el marco de la pandemia de coronavirus, las comunidades quedaron aisladas e impedidas de trasladarse a las localidades más cercanas que cuenten con un banco para poder retirar el dinero. Por ello, decidieron manifestarse para solicitar que, al menos, pusieran a su disposición un cajero móvil. Pero la policía provincial respondió con violentas detenciones, que por ejemplo quedaron registradas en un video filmado en la localidad de San Miguel.
“Miembros de esas comunidades vienen solicitando desde el bloqueo sanitario la implementación de un cajero móvil para percibir sus haberes, por lo que hicieron un corte de ruta. Esta acción, a la que se vieron obligados a recurrir, obedece a una actitud de silencio e indiferencia de las autoridades políticas como de falta de respuesta de las autoridades bancarias. Esto no es una novedad, las comunidades están agotadas por ese mecanismo de espera permanente al que deben acostumbrarse”, expresó la APDH en un comunicado.
“Inmediatamente después del corte se desató una represión con gran cantidad de camionetas y efectivos policiales, más un camión tipo unimog. Entraron a buscar a las personas en sus casas y se los llevaron detenidos por la fuerza”, continuó la denuncia.
“La urgencia de la amenaza de la pandemia tiende a invisibilizar la situación en la que viven las comunidades originarias, quienes padecen las mayores brechas en sus condiciones de vida, niveles de pobreza y en el grado de vulnerabilidad sanitaria frente a los no indígenas. También persisten en los pueblos originarios de la provincia inequidades que dan cuenta de los obstáculos en los accesos a la salud, la justicia y a numerosos bienes y servicios que dan confort a la vida en comunidad”, concluyó el escrito.
Estas acciones violentas se sumaron a la denuncia que el sábado pasado recibieron el gobernador Gildo Insfrán y el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo provincial, Jorge Abel González, por propagar la pandemia del coronavirus e incumplir con sus deberes de funcionarios públicos. Eso sucedió después de que se dieran a conocer algunos videos desde el interior del Estadio Cincuentenario de la capital provincial, que funciona como un centro de atención sanitaria por la pandemia del coronavirus.
“En estos centros de privación de la libertad no se respetan los dos metros de distanciamiento social, no hay margen para la ventilación, no se respeta el ámbito de la privacidad y la intimidad y no hay baños propios”, enfatizó al respecto el senador de Juntos por el Cambio Luis Naidenoff.
Esta situación tiene lugar en una provincia que en los últimos meses enfrentó serios cuestionamientos por su programa de restricciones para las personas que quieran ingresar a su territorio, un hecho que fue denunciado por Amnistía Internacional Argentina.