Lo expresó a Inés Garcés, directora del nosocomio, donde no habrían médicos dispuestos a garantizar la Ley de Interrupción del Embarazo aprobada recientemente.
Esta mañana, Inés Garcés, directora del hospital Marcial Quiroga, y aseguró que en la institución no habrían médicos dispuestos a garantizar la aplicación de la Ley de Interrupción del Embarazo aprobada recientemente.
Garcés aseguró que todos los médicos ginecólogos que están trabajando en el nosocomio son objetores de conciencia: «Son 10 profesionales aproximadamente, recientemente incorporamos a unos médicos más jóvenes. Y el Doctor Sebastián Conti, jefe del servicio, se encargó de preguntar a ellos qué posición tenían respecto a este tema».
La directora aclaró que «esos médicos todavía no presentaron la objeción de conciencia individual porque no estuvieron en el 2018. Ellos lo iban a hacer ahora por propia voluntad. Nosotros para nada no es nuestra intención presionar. Creemos que deben ser libres».
Desde el nosocomio expresaron que esta posición responde a «cuestiones científicas» y no solo a una posición religiosa. «Esta posición no la puedo cambiar porque no tiene otro sustento científico. En los libros que estudié, todos dicen que la vida comienza en el momento de la concepción y así lo reafirman un montón de leyes que al ser humanas pueden ir variando. Pero eso no me puede cambiar la convicción porque no está basado el debate legal, filosófico, o religioso, está basado principalmente en la ciencia», explicó la directora del Marcial Quiroga.
«A través de mi función pública como directora del hospital debo garantizarlo pero en este momento dije que no se podía garantizar porque tengo todos los ginecólogos que son objetores de conciencia. Y también mi conciencia de que no puedo presentar la objeción porque no está reglamentada la ley y no sabemos si se podría o no presentar. En la ley dice que se puede derivar de buena fe a la paciente. La ley tiene algunos aspectos donde podríamos ver una luz de esperanza», dijo en Radio Bohemia.
Sin embargo, expresó preocupación por un artículo en particular: «Tengo temor por el artículo 15 que reemplaza el 85 del Código Penal por el 85 bis que habla de que será reprimida con prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados».
La directora adelantó que si se ve obligada a garantizar esta ley en la institución, no tiene problema de dar un paso al costado y dejar a otra persona en el puesto que pueda garantizar la aplicación: «Nadie está atado a un puesto. Yo desde el primer día que tome el cargo se que está la posibilidad de la renuncia por cualquier dificultad o conflicto y yo no tendría problema».
Lo cierto es que en el hospital están obligados a derivar a esa paciente que requiera el procedimiento para poder garantizar la aplicación de la Ley.
