Luego de la reunión llevada a cabo a mediados de este mes los referentes consideraron muy importante manifestarnos al respecto de los actuales cuadros tarifarios de servicios públicos en la región, en vísperas de nuevas negociaciones por aumentos de tarifas de acuerdo a las actualizaciones comprometidas y los efectos inflacionarios.
En tal sentido ponen de manifiesto el impacto que las tarifas actuales tienen sobre los salarios y haberes de jubilaciones y pensiones en la región, donde los ingresos de los ciudadanos se han estancado al tiempo que y más allá de la ausencia de aumentos sobre las unidades de referencia en cada caso, es notable que el gasto de los ciudadanos en esta materia ha aumentado considerablemente, llegando a casi un 50% por sobre los ingresos promedios de los trabajadores de la región. Esta situación, no puede ser soslayada en las negociaciones que deberán emprenderse y debe ser puesta de manifiesto en las Asambleas Públicas que se convoquen a fin que los nuevos cuadros tarifarios contemplen, no solo la estructura de costos de las empresas prestadoras, sino el justo equilibrio con los ingresos de los usuarios y consumidores. En esta línea de temas, no es posible pasar por alto el rol de los organismos de control, en mucho casos provinciales y especialmente nacionales y convocarlos a cumplir un rol de protección de los intereses de usuarios y consumidores por medio de sus facultades de control, fiscalización y sancionatoria.
Especialmente a los organismos nacionales los convocamos a aplicar miradas regionales y verdaderamente federales que efectivamente contemplen la calidad en la prestación de servicios públicos en las provincias y sus particularidades socioeconómicas en la aplicación de medidas y subsidios a los fines que efectivamente puedan ser disfrutados por todos los ciudadanos en pie de igualdad y no queden concentradas estas acciones en las regiones centrales.
El grupo de damnificados piden para que las negociaciones que se emprendan busquen el equilibrio entre precios-ingresos-calidad en la prestación, especialmente con miradas regionales.
En otro orden de temas los Defensores de los damnificados reunidos manifestaron “su preocupación en relación al impacto del proceso inflacionario en los ingresos promedios de los ciudadanos en nuestras provincias, que “licuan” los ingresos, especialmente de los sectores medios y populares, concentrándolos en grandes corporaciones económicas, transfiriéndolos hacia regiones centrales”.
Además se refieren en la misiva a la ausencia de controles eficientes y aplicaciones efectivas de políticas de precios por medio de los organismos competentes hacen que en nuestras provincias no se encuentren los beneficios de programas como “Precios Cuidados”, acuerdos sobre cortes de carnes y otros vinculados a productos de primera necesidad, al igual que la aplicación efectiva de la “Ley de Góndolas”.
Consideran que es fundamental una mayor y mejor coordinación entre organismos nacionales y provinciales en torno al control de precios y avanzar rápidamente para que el impacto de la demanda, en los próximos días cercanos a las festividades de fin de año, no generen tendencias al alza y mirar el mediano plazo de forma urgente a fin que los productos necesarios para el inicio de las actividades escolares no generen mayores impactos negativos sobre los ingresos de la población.
Finalmente, es de suma importancia definir la situación de beneficiarios de créditos U.V.A. en todas sus modalidades, personales, prendarios e hipotecarios. Pues los ajustes de capital sufridos en estos meses de pandemia han impactado negativamente en el poder adquisitivo de los salarios, sin contar los miles de comprovincianos que han perdido sus empleos o debieron cerrar sus emprendimientos como resultado de la crisis sanitaria.
Si bien el Gobierno Nacional ha prorrogado las actualizaciones de capital, solo en materia de créditos hipotecarios, éstos, al igual que los prendarios y personales han generado actualizaciones que en algunos casos se están cobrando efectivamente en el prorrateo de las cuotas, mientras que en otros casos, los bancos van generando deudas por actualizaciones que son notificadas a los beneficiarios, provocando una profunda inestabilidad sobre las obligaciones y compromisos de los tenedores de créditos.
“Consideramos que, a días de producirse el vencimiento del congelamiento previsto, es necesario prorrogar el mismo hasta la finalización del periodo de Emergencia Sanitaria y responder a los ciudadanos tomadores de crédito por medio del congelamiento del capital adeudado a fin de dotar de seguridad al pago de las obligaciones por parte de los deudores”, finalizan.
